CFK vuelve a la justicia en contra de ANSES por el cobro de sus dos pensiones

Cristina Kirchner acudió a la justicia federal de la Seguridad Social para que se anule la resolución adoptada por la ANSES, para que se suspenda el cobro de sus beneficios previsionales como ex mandataria y en calidad de viuda de un ex presidente. La demanda fue presentada el martes, confirmaron a Ámbito fuentes judiciales. No solo solicita la nulidad del acto administrativo ordenado por el Ministerio de Capital Humano, a raíz de la confirmación de su condena en el marco de la causa Vialidad por parte de la Cámara de Casación, sino que pide una medida cautelar para comenzar a cobrar, al menos, su pensión como viuda de Néstor Kirchner, caso que ya había ganado en tribunales.

La secuencia repite lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri que también, administrativamente, había intentado evitar el cobro previsional, algo que terminó naufragando en la justicia. Tal como en aquel momento, se consideró extinguida la vía administrativa por lo que el caso volvió a judicializarse.

En la extensa presentación, la ex vicepresidenta indica la conexidad con la causa por la que ya se le había quitado una de las asignaciones mensuales y que se había revertido ante la ausencia de prueba sobre un obrar ilegal por parte de ANSES en su otorgamiento, en un caso considerado como cosa juzgada porque no fue apelada y quedó firme, en 2020. La causa quedó radicada en el mismo Juzgado Federal de la Seguridad Social N°10 subrogado por Ezequiel Pérez Nami, quien ya intervino en el expediente anterior. Sin embargo, este diario pudo saber que el magistrado se excusaría de tramitar esta demanda.

A lo largo de más de 140 carillas, la denuncia consideró que la decisión de Capital Humano forma parte de una forma de persecución política que se reitera a través de actos administrativos. A diferencia de lo que ocurría en el gobierno entre 2015 y 2019 -se relata- “por lo menos no salían por los medios y las redes sociales a hacer alarde de la persecución, mientras que ahora, al mismo tiempo que le dan de baja los beneficios a mi mandante, porque se abocan la potestad jurisdiccional de interpretar una norma como les viene en gana, el presidente de la Nación y el vocero presidencial salen a decir que a la viuda del presidente Carlos Saúl Menem, quién falleció teniendo un doble conforme, no le van a realizar la misma interpretación normativa”, explica la demanda, en referencia a la condena confirmada que pesaba sobre el riojano al momento de su fallecimiento.

Resolución nula

También postula que la resolución 2024-1092 de ANSES es nula porque revierte algo que había generado derechos subjetivos y que estaba pasado bajo la autoridad de cosa juzgada. Y que es doctrina que, para retirar el beneficio otorgado por la ley, es requisito la remoción a través de juicio político durante el ejercicio del cargo. “Lo único que cambió fue el Poder Ejecutivo y al funcionario de turno, se le ocurrió revisar uno y solo un expediente: el de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ningún otro, ningún beneficiario de una Asignación Vitalicia que se encuentre en sus mismas condiciones”, indicó respecto a una alegada desigualdad ante la ley.

“No queda duda alguna de que el acto administrativo dictado por el Sr. Director Ejecutivo de la ANSES tuvo como fin causarle un daño en el patrimonio y en la persona de mi mandante, por el hecho de ser ella quién es y no, por haber violado una norma jurídica. Si no, se hubiere dictado una norma de carácter general que hubiese dado el mismo trato a los iguales”, agrega el texto que ingresó a la justicia. Y cita, además de jurisprudencia en sentido contrario, la doctrina de los actos propios a través de la cual se desconocieron resoluciones previas del organismo y hasta se ignoró un dictamen de la Procuración del Tesoro que fue solicitado por ANSES que no avalaba la acción administrativa que removía el beneficio.

Además, citó como contra ejemplo el caso del ex juez Jaime Lamont Smart, a quien el beneficio le fue concedido por ANSES y la justicia consintió por presumirlo legítimo pese a estar condenado por delitos de lesa humanidad.

La cuestión abundó en derechos constitucionales a la seguridad social como parte de un derecho humano y como parte del plexo normativo al que adhirió la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

La demanda señala que sobre Cristina Kirchner pesan medidas cautelares como la inhibición general de bienes en otras causas, cedió sus bienes y los heredados a sus dos hijos y que son solo las asignaciones mensuales vitalicias serían su único ingreso “inembargable” y por ende le permitiría la subsistencia.

Situación excepcional

La demanda resalta a excepcionalidad de la situación de Cristina Kirchner como esposa de un ex mandatario y dos veces presidenta del país, además de vice por un período. La pensión como viuda de Kirchner fue concedida en diciembre de 2010, mientras que siete días luego de dejar la presidencia, Cristina hizo el trámite solicitando el beneficio establecido en el Artículo 1º Ley 24.018 en función de haber ejercido la Primera Magistratura de la Nación. La ANSES sostuvo que es legal revocarle el beneficio de asignación mensual vitalicia, en razón de que tal asignación es un beneficio que “se otorga al mérito y al honor de haber ejercido la primera magistratura” y que, la administración tiene la facultad de reinterpretar el artículo 29 de la Ley 24.018 para disponer su baja.

La cautelar solicita –previo a la resolución de fondo- que ninguna de esas cuestiones se encuentra controvertida en el otorgamiento de la pensión, ya que Néstor Kirchner nunca fue condenado en ninguna instancia judicial, lo que fundamenta ahora el acto administrativo que ejecuta ANSES. Además, ofreció como “contracautela” el retroactivo que cuyo pago Cristina Kirchner pidió que se suspenda hasta tanto cesara la declaración de emergencia previsional.

En el escrito al que accedió Ámbito, la ex presidenta vuelve a recusar al juez Fernando Strasser, un camarista designado durante el gobierno de Cambiemos y advirtió que hacía reserva de caso federal para ir a la Corte Suprema o, incluso, a organismos internacionales si los tribunales no hacen lugar a su reclamo.