Agricultura familiar, vivienda social y tecnología: El Gobierno eliminó tres fondos fiduciarios
Mediante el Decreto 6/2025, el Gobierno anunció la disolución de tres importantes fondos fiduciarios públicos, una medida que busca optimizar la gestión estatal y redefinir el uso de los recursos públicos.
El decreto afecta al Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, cuyos objetivos habían sido alcanzados o presentaban irregularidades administrativas, según las auditorías oficiales.
¿Qué implica la medida?
La disolución de estos fondos supone cambios sustanciales en áreas estratégicas:
- PRODAF: este fideicomiso facilitó el acceso a créditos para productores rurales, pero su función quedó cumplida, según informó el Ministerio de Economía.
- Fondo del Servicio Universal: creado para garantizar acceso a servicios TIC, será reemplazado por mecanismos alternativos que mantendrán la política pública de conectividad universal.
- Fondo para la Vivienda Social: aunque financió proyectos como “Casa Propia” y “Reconstruir”, varios presentaron falta de rendición de cuentas, según la SIGEN.
El decreto asegura que los fiduciarios seguirán obligados a coordinar la administración durante la liquidación de los fondos, en cumplimiento con las normativas vigentes. Este proceso será supervisado por la Sindicatura General de la Nación.
Entre los motivos de la medida, el Ejecutivo destacó un informe de la SIGEN que detectó proyectos sin justificar en el Fondo del Servicio Universal. “Se detectaron programas anteriores al año 2021 que se encuentran en ejecución durante 2024, no constando un instrumento que haya previsto su prórroga”, advierte el decreto.
“También se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados, como beneficiarios del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, donde no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”, mencionó el texto.
Además, sostiene que hay obras inconclusas o sin rendiciones en los programas de vivienda. “En el marco de los programas Reconstruir y Casa Propia se verificaron obras culminadas que no cuentan con la rendición final por parte de los entes ejecutores”, afirma el documento.
El Gobierno argumentó que la decisión también responde a las facultades otorgadas por la Ley 27.742, que permite al Ejecutivo modificar o disolver fondos fiduciarios públicos cuando se justifique su discontinuidad.
Con información de TN