Presupuesto
Sin ley de presupuesto el gobierno podrá reasignar partidas por 20 billones de pesos sin la necesidad de contar con la autorización previa del Congreso Nacional.
La semana pasada terminaron las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y más allá de las polémicas por el tratamiento de algunas iniciativas más controvertidas que otras, las sesiones finalizaron sin ningún avance en el debate del presupuesto nacional 2025.
A diferencia de lo previsto en nuestra Constitución Provincial, que establece que las sesiones ordinarias no finalizan sino hasta aprobar el presupuesto provincial, la Carta Magna Nacional no prevé esa situación.
La gravedad institucional de gobernar sin la norma más importante después de la Constitución nacional no está relacionado, solamente, con el incumplimiento de un precepto formal de funcionamiento del Estado.
Sin ley de presupuesto el gobierno podrá reasignar partidas por 20 billones de pesos sin la necesidad de contar con la autorización previa del Congreso Nacional. El año en curso, el gobierno distribuyó de manera totalmente discrecional más de 55 billones de pesos
No hay antecedentes, por lo menos en la historia reciente, de un gobierno que haya gobernado dos años consecutivos sin ley de presupuesto.
Esta determinación del gobierno nacional, aparte de la pésima señal en términos institucionales, seguirá sometiendo a las provincias argentinas, a través de la falta de coparticipación de los recursos tributarios que corresponden.
Igual destino le espera a los jubilados y las universidades nacionales que quedan al arbitrio de la voluntad del ejecutivo durante un año más.
“El destino de un pueblo se juega por las decisiones económicas que toma. Sólo sobre las bases de una economía sana, las personas pueden ejercer verdaderamente su libertad”, dijo el presidente de la Nación en el grandilocuente show mediático montado con motivo de la presentación del proyecto de presupuesto nacional para el 2025.
Como bien lo dice el responsable del Ejecutivo Nacional, el destino de nuestro pueblo y la libertad de las personas se juega por las decisiones unipersonales y sin ningún condicionamiento de quien le toca circunstancialmente ejercer la primera magistratura nacional.
Tamaño disparate institucional conspira contra todas las iniciativas del gobierno para promover inversiones que alienten el crecimiento de la economía nacional, estancada hace 20 años.
Ya no sólo hacemos esta advertencia desde un reclamo de mayor o menor pureza republicana o institucional, si el gobierno sigue insistiendo en subordinar la Constitución y las leyes a la voluntad unipersonal del gobernante de turno, no van a alcanzar los incentivos extraordinarios, como el reciente RIGI, para atraer inversiones en nuestro país.
Sería aconsejable que las autoridades nacionales leyeran a los reciente premio nobel de economía, los economistas Daron Acemoglu y James Robinson que en su libro Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, donde identifican a la calidad de las instituciones y la división de poderes como los elementos centrales para el progreso de las naciones.
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