Romani: "La ADP tiene que dar la cara"

Eduardo Romani, representante legal de más de 70 docentes damnificados por el caso de estafas vinculadas a la Asociación Docente Provincial (ADP) con el fideicomiso Virgen de Urkupiña, instó a la actual dirigencia del gremio, a cargo del secretario general Fernando Mazzone, a hacerse responsable de los perjuicios causados por la exsecretaria general, Patricia Argañaraz y la actual tesorera Marita Cerezo, ambas condenadas como coautoras a seis años de prisión efectiva por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas. "La ADP tiene que dar la cara en este sentido. Necesitamos que honren las deudas contraídas por anteriores gestiones", enfatizó Romani en el programa "Pasaron Cosas".

El abogado calificó de acertada la sentencia penal, aunque lamentó que aún no se haya resuelto la dimensión civil del conflicto. "Hoy tenemos a la actual tesorera, que fue tesorera de la gestión anterior, condenada por un delito tan grave. Las instituciones deben ser respetuosas de la voluntad de sus afiliados y asumir las consecuencias de sus errores", sostuvo. El daño alcanzó a "120 familias docentes perjudicadas por un plan de viviendas que nació desde la propia ADP", subrayó.

Romani también habló de la necesidad de abrir un canal de diálogo con la actual conducción del gremio para evitar dilaciones en la resolución del conflicto. "Sería muy bueno que la ADP entienda la situación y ponga las herramientas necesarias para cerrar este conflicto", afirmó. No descartó acciones legales adicionales, como embargos a tierras del gremio, para garantizar el resarcimiento. "Parte del dinero no sabemos dónde está, y otra parte está invertida en tierras en San Luis", indicó.

A pesar de los desafíos, el abogado se mostró esperanzado en alcanzar una solución el próximo año. "Aspiramos a que en el primer semestre de 2025 tengamos una resolución positiva. La vía civil corre en paralelo, pero confiamos en que se reconozca la responsabilidad del ADP en esta historia", concluyó.