Los gobernadores apuran negociaciones por el Presupuesto 2025 ante la falta de respuesta de la Casa Rosada

A pesar de la falta de señales claras desde la Casa Rosada, los mandatarios provinciales esperan concretar esta semana las reuniones solicitadas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Los gobernadores, al igual que los diputados nacionales, han mantenido contacto constante con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, buscando consensuar una versión del presupuesto que pueda ser aprobada. Aunque algunos sectores de la oposición intentarán bloquear el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre el canje de deuda, los mandatarios están convencidos de que contar con la ley es fundamental tanto para la estabilidad fiscal del país como para la relación con los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, y Martín Llaryora, de Córdoba, han reiterado que el Presupuesto no se trata de una cuestión de recursos adicionales, sino de cumplir con leyes y pactos previos que tienen fuerza legal. En particular, los mandatarios insisten en que el gobierno de la Nación debe cumplir con los compromisos adquiridos, como la descentralización de impuestos específicos, tales como el de los combustibles, que no se están utilizando para sus fines previstos.

El argumento que defienden los gobernadores es simple: "Si se cumple la ley con la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no con el resto de las provincias?". En este sentido, critican el incumplimiento de pactos anteriores, como la deuda de ANSES con las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas y el pago de las compensaciones establecidas en el Consenso Fiscal 2017.

La mayoría de los mandatarios ya ha presentado sus propuestas presupuestarias ante sus legislaturas, las cuales siguen la línea de ajuste que ya comenzó este año, con recortes en el gasto público. Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman 3,6 billones de pesos, un aumento del 69,9% respecto al cierre estimado para 2024. No obstante, los gobernadores sostienen que este incremento aún no es suficiente para cumplir con las obligaciones pactadas.

El tema de las transferencias es clave, especialmente en lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, donde se acordó un pago adicional del 2,95% de coparticipación, lo que ha generado que los gobernadores cuestionen por qué no se cumplen otros acuerdos con las provincias en la misma medida.

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos, varios mandatarios coincidieron en que, aún si se aprueba el Presupuesto, la Nación podría seguir sin cumplir con los giros comprometidos. De hecho, ya existen presentaciones judiciales por las deudas pendientes, especialmente por las que tiene ANSES con las provincias, debido a que tanto la actual como la anterior gestión no cumplieron con las normas establecidas.

En medio de estas tensiones, los gobernadores han señalado que, de no cumplirse con los acuerdos, podrían recurrir a la Justicia, lo que podría derivar en más conflictos institucionales.

Los gobernadores insisten en que un acuerdo sobre el Presupuesto es vital para la estabilidad económica del país y, sobre todo, para no generar un nuevo año de "presupuesto reconducido", algo que los mercados y el FMI no verían con buenos ojos. "Si siguen apretando, vamos por el 846", señaló un legislador que apoya las negociaciones provinciales, refiriéndose a la ley que establece los lineamientos para la distribución de los recursos nacionales.

La Nación