Judiciales13/11/2024

Casinos ilegales: el detenido en Salta se abstuvo de declarar

Los procedimientos continúan realizándose en distintos lugares del país. Hay otras nueve personas implicadas con pedido de detención. Se utilizó durante 60 días la figura del “Agente Encubierto Digital” para la tarea investigativa.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a un hombre por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales

Durante la audiencia, el acusado, que fue detenido ayer en Salta el marco de un operativo que se lleva a cabo en distintas localidades del país, fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Tampoco aceptó responder preguntas de la Fiscalía. Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7, el mantenimiento de la prisión.

La fiscalía especializada en Delitos Económicos Complejos investiga una red de apuestas virtuales sin autorización que involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.

Realizaron múltiples allanamientos en Salta a miembros de una red de apuestas virtuales ilegales

La investigación inició con la denuncia del del asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien aseguró que una mujer promocionaba por medios masivos de comunicación su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal. A partir de allí y durante varios meses, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, bajo la dirección de Salinas Odorisio, realizaron trabajos de campo en distintas provincias y llevaron a cabo intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.

Además, se utilizó durante 60 días la figura del “Agente Encubierto Digital” en medios de comunicación informáticas y juegos en línea a fin de simular interés en los “casinos online”. Ello brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que posibilitaron conocer con cierto grado de certeza la operatoria desplegada por los sospechosos en nuestra ciudad y en el interior del país.

Además de los allanamientos, que aún continúan en todo el país, entre las medidas dispuestas, se encuentran la inmovilización de 253 cuentas bancarias pertenecientes a los acusados; se requirió -a través de la Secretaria de Modernización de Salta- el bloqueo de todos los sitios web desde los establecimientos educativos de la provincia, donde los mismos operaban.

Asimismo, Salinas Odorisio pidió la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.

Te puede interesar

Juez federal de Catamarca ordenó que la ANDIS devuelva las pensiones suspendidas en la provincia

El fallo solo tiene validez en esa provincia, pero puede servir como precedente para otras medidas cautelares. En Catamarca, según consta en la causa, la baja de pensiones comenzó en julio.

Caso Solange: hoy se conoce el veredicto

Primero, las partes harán lectura de sus alegatos y luego el jurado popular dictaminará si los dos acusados son culpables o no.

Estafa piramidal en La Plata: Autos de lujo y criptomonedas, el engaño que dejó a 200 víctimas

Mediante una plataforma, ofrecían inversiones automatizadas y altos retornos. La desaparición repentina del dinero de las cuentas encendió las alarmas de los inversores. La suma alcanza los 250 mil dólares.

Caso Dalmasso: El tribunal de apelación se formó y podría definir el futuro de la causa

A pesar de que se trata de un gran paso, por el momento se desconoce cuándo se concretaría la resolución del futuro de la causa.

Rosario: detuvieron a uno de los narcotraficantes más buscados en la provincia Santa Fe

Waldo Bilbao, por quien se ofrecía una recompensa de $50 millones, formaba parte de una lista de delincuentes con pedido de captura de alto perfil.

Red nacrocriminal en la UC1: la unidad fiscal pidió penas entre uno y doce años de prisión

El procurador general Pedro García Castiella cerró los alegatos del Ministerio Público Fiscal destacando la extrema gravedad institucional del caso, la sistemática violación de derechos humanos dentro del penal y la transformación de la cárcel en un “quiosco” por parte de los imputados.