Opinión30/09/2024

Defensa

Todo el país se prepara para movilizarse este miércoles, acompañando un reclamo en torno de la universidad estatal, que es una nueva demanda de blindaje de la educación pública y gratuita.

La protesta contra el probable veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, se ha transformado en Marcha Federal Educativa porque se ha sumado la CTERA a la convocatoria del frente de gremios de docentes y no docentes universitarios, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Este movimiento, que tiene adhesiones en todo el territorio nacional, ya se estuvo manifestando con el abrazo al Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, que fue multitudinario. Siguió con un paro de 48 horas de docentes de las universidades de todo el país, del jueves y viernes anterior y  de no docentes, que cerró todas las dependencias en las casas de estudio el viernes.

Frente a la visibilización del conflicto presupuestario y salarial del sector, el gobierno nacional reaccionó intentando romper la protesta primero y denunciando situaciones en base a datos que fueron desmentidos por las autoridades universitarias. El Ministerio de Capital Humano había convocado urgentemente a los representantes gremiales para ofrecer un aumento salarial que, aunque presentado como "histórico", fue interpretado por los sindicatos como un intento por desarticular la marcha. Además,  fue criticado por su monto dado que la oferta del 5.8% no compensa una caída salarial que supera el 60% ya que la negociación colectiva no se activa desde 2023.

Frente a ese fracaso, el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, lanzó duras acusaciones como la de "inventar alumnos" para aumentar ficticiamente los presupuestos y multiplicar  cargos docentes."Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades", afirmó, señalando que hay un 38% de estudiantes universitarios cuya situación académica es incierta para el Gobierno. El funcionario, por otra parte, anticipó la posibilidad de proceder al arancelamiento del servicio para alumnos extranjeros, abriendo otro capítulos para el debate en un ámbito que está alterado. Cabe destacar que, en la UNSa, los estudiantes de otros países representan solo el 0.1% y no impacta significativamente en su composición presupuestaria.  

Mientras se agota el plazo que el Presidente de la Nación tiene para vetar una ley que sanciona el Congreso, la Marcha Federal mostrará la dimensión del rechazo a una decisión -que si bien no tiene el decreto que la formaliza- ha sido ratificada en sus mensajes por el mandatario, que en foros nacionales e internacionales aseguró que vetará toda norma que ponga el riesgo el equilibrio fiscal. Planteada en estos términos la situación, la protesta puede resultar también en una advertencia para el caso en que producido el veto, haya legisladores que cambien su voto, como ocurrió con la movilidad jubilatoria. En principio, hay un compromiso de diputados y senadores nacionales de esta provincia de defender el financiamiento del sistema universitario, que demanda más de 7 billones de pesos para su correcto funcionamiento pero el que se asignó apenas supera los 3 billones.
Los cuestionamientos al manejo de recursos pueden tener fundamentos que las auditorías deben reflejar y los administradores corregir. Pero en ningún caso debe ser la razón para limitar la formación de recursos humanos, imponiendo cupos para el ingreso y arancelando la educación de nivel superior.

La sociedad debe defender que todos los sectores sociales alcancen su perfeccionamiento para tener la oportunidad de lograr su progreso, como aporte al crecimiento nacional.

Salta, 30 de setiembre de 2024

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