El deber de las instituciones
Pocas cosas se esperan tanto como la primera lluvia de primavera. Respira la tierra y respiramos todos. De a poco vuelve el verde a apropiarse de nuestro querido valle.
Empiezan a extinguirse los incendios que laceran y el humo que contamina. La naturaleza se precipita, una vez más, al auxilio de aquellos hombres que combaten el fuego intencional y destructor que otros hombres provocan. Celebran los árboles, los animales y los salteños que cultivan y producen.
En un bello poema dedicado a la lluvia, el gran escritor argentino Juan Gelman recita: “hoy llueve y llueve mucho / y pareciera que están lavando al mundo”. Me gusta pensar en estas lluvias así. Hacía falta, como tantas otras cosas.
Hecha la digresión meteorológica, se imponen asuntos más mundanos pero no menos urgentes que nos competen y ocupan. Seguramente hoy el Senado de la Provincia termine de convertir en ley de Intervención de Aguas Blancas, municipio norteño cuyo intendente está acusado —junto a hombres de la Justicia— de integrar una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico.
No es la primera vez que se interviene un municipio. En la Salta que nos proponemos vivir no hay lugar para la
impunidad de nadie: ni de vecinos de a pie, ni de grandes empresarios, ni de funcionarios encumbrados. Basta de los feudales que hacen y deshacen en sus pueblos, que mancillan la actividad política utilizándola como blindaje institucional para mantener sus actividades criminales.
La intransigencia del Gobierno de Salta contra el narcotráfico es total. No se negocia. Envenenan a nuestros
jóvenes, aterrizan la violencia en nuestros barrios, corrompen y destruyen el tejido social. Ponen en riesgo el
orden democrático e institucional.
El compromiso contra el narcotráfico es tal que hace poco se logró frustrar un plan pergeñado para atentar contra el jefe de los fiscales de Salta, el procurador Pedro García Castiella. No pasarán, no nos amedrentarán, no les tenemos miedo. Porque no se trata solo del Gobierno, de las fuerzas de Seguridad o de la Justicia, se trata de toda una sociedad que no quiere que Salta se convierta en tierra de nadie, o mejor dicho, en tierra de capos, narcos y mafiosos.
La denuncia contra el jefe comunal de Aguas Blancas se suma a una preocupante escalada de casos que muestran la voracidad con la que las organizaciones criminales intentan infiltrarse en los diferentes poderes del Estado para apalancar su poder y la impunidad. Hoy es el intendente quien está en el ojo de la tormenta, antes fueron concejales, policías, gendarmes o funcionarios de Justicia.
Sería iluso prometer que se puede terminar con el narcotráfico de un día para el otro, pero sí se puede limitar
su poder, descabezar organizaciones, quitarles los recursos económicos e impedirles su desarrollo en el territorio. Para ello vamos a volver a insistir con una ley de inteligencia, como venimos proponiendo desde hace tiempo y que cobra mayor necesidad a medida que la realidad arroja nuevos caso indignantes.
No es solo el narcotráfico, es también la trata de personas, la corrupción y los cada vez más frecuentes ciberdelitos. El Estado debe combatir estas afrentas que destruyen a la sociedad con más y mejores herramientas.
Se impone entonces discutir una ley de inteligencia para prevenir, detectar e impedir que el crimen organizado se inmiscuya en los resortes del Estado para blindar sus actividades. No pasarán.
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