Asistencia
Las tarifas de servicios públicos preocupan a los usuarios pero también a los gobiernos provinciales y municipales que tienen la responsabilidad de su prestación. En Salta, es el caso de agua potable y saneamiento, energía eléctrica y transporte de pasajeros.
Setiembre comenzó con incrementos tarifarios y está apurando algunas demandas e iniciativas para mantener el control sobre la cuestión. La Legislatura provincial debe resolver la intención de poner un límite a través de la determinación de un punto referencial; el que tiene media sanción del Senado para los servicios que prestan EDESA y Aguas del Norte, es el Índice de Precios al Consumidor pero no convence a la Cámara de Diputados, donde el tratamiento de la cuestión ha comenzado con la intervención del Ente Regulador, que no ha convencido.Hacen falta más datos.
En el caso del boleto de ómnibus,la cuestión tiene aristas que involucran al Gobierno Nacional, que se tratan de determinar antes del tratamiento del proyecto de presupuesto nacional. En tanto,la prestadora del servicio en el Área Metropolitana tiene una estimación que lleva a mil pesos su precio antes de fin de año.
Lo cierto es que SAETA ha iniciado el proceso de análisis de la actualización del valor del boleto. La declaración del presidente del directorio, Claudio Mohr, encaja en la apreciación de una situación general de los servicios, que fue descripta por Nicolás Zenteno, referente de los consumidores, como un cóctel tremendo en el que -en un año muy difícil- se mezclaron aumentos de precios y devaluación de la moneda. Por su parte, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, reconoció que la inflación y los incrementos salariales empujan al Gobierno salteño a aceptar la discusión por la readecuación de tarifas.
Respecto del transporte público, trata de hacer un equilibrio entre el aumento de costos y el esfuerzo económico para mantener una tarifa acorde y también los beneficios de la gratuidad para estudiantes y jubilados. Los cálculos llevan a determinar que el nuevo valor estará sobre el promedio del resto de las provincias, que se ubica entre los $850 y $950.
Este tema se discute a nivel nacional y fue planteado en el Congreso por Marcelo Ferraris, presidente del Comité Federal de Transporte. A diferencia de los otros servicios, en este caso está en juego un Fondo Compensador, que retroalimenta todo el sistema económico. Era un subsidio que apuntaba a eliminar las asimetrías existentes entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires, cuestión que era una materia pendiente cuando el gobierno de La Libertad Avanza suspendió su aplicación, profundizando la postergación de todas las provincias.
El Fondo Compensador del Interior repartió el año pasado 102 mil millones de pesos destinados a cubrir parte del valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior del país. El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007; en 2019 se modificó el sistema y se acordó que las provincias debían aportar parte de los subsidios. Al momento de su eliminación, un boleto promedio en el interior costaba 3,1 veces más que el boleto mínimo que se pagaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por estas horas, el área privilegiada está perdiendo los favores pero la franja marginal no los ha ganado.
La embestida que han realizado la Red de Intendentes de Capitales -incluido Emiliano Durand, de Salta-; el Comité Federal de Transporte y los diputados de las Comisiones de Defensa del Consumidor y de Asuntos Municipales, dejó en manos de la de Transporte una definición que se adoptaría este jueves.
En esta materia, no parece que el mercado vaya a solucionar por sí solo un viejo problema. Hay varios proyectos en análisis, algunos de ellos tienden a subsidiar a la oferta, otros a la demanda pero en todos los casos, la salida es una y es con la asistencia del Estado.
Salta, 03 de setiembre de 2024
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