Debilidad
El Gobierno Nacional decretó el veto total de la reforma jubilatoria sancionada por el Congreso que disponía elevar el haber mínimo y una nueva fórmula para el cálculo de los ingresos de los jubilados. Simultáneamente salió a buscar apoyo en ambas cámaras para sostenerlo.
En el Boletín Oficial de hoy se publicó el decreto 782 que veta totalmente la ley por considerar sus disposiciones manifiestamente violatorias del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. No es un dato que sorprenda ya que en el debate en ambas cámaras se señaló que la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional exige que toda "ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
El veto fue anunciado antes que el proyecto correspondiente tuviera su media sanción en Diputados. Entonces, el presidente Javier Milei les recordó a los legisladores que nada podría torcer el propósito de mantener el equilibrio fiscal que venía alcanzando su gestión. El mismo fundamento quedó plasmado en el decreto que el mandatario firmó en la noche del viernes.
En sus considerandos, señala que la nueva fórmula implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente un poco más de 6 billones de pesos para 2024, que se elevaría a 15 billones para 2025. Asimismo, indica que dichos importes "equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, que se eleva al 1.64% del estimado para el año entrante". Y añade que las cifras tornarían "imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional". Estos cálculos han sido puestos en discusión por distintos economistas e, incluso, al momento de debatir el proyecto, la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso arrojaba un resultado que no llegaba a un punto de impacto.
El proyecto vuelve a la Cámara de origen, que es la de Diputados, donde el oficialismo necesita reunir un poco más de 80 votos para evitar que la oposición llegue a los dos tercios para rechazar el veto presidencial.
En ese juego quienes van a cumplir un papel fundamental son los gobernadores, que desde diciembre pasado están sometidos a una fuerte presión por sus obligaciones propias y por la resolución de los obstáculos que le impone la gestión de La Libertad Avanza. En el caso de Gustavo Sáenz, fue uno de los primeros en ofrecer su colaboración a un sector político sin estructura para soportar por sí solo la tarea, realizando su aporte a la gobernabilidad. A cambio, negoció la continuidad de planes y programas que sirvan a su gestión sustentada en obras y servicios públicos.
La fragilidad del equilibrio político alcanzado hasta ahora es tan evidente como la del equilibrio fiscal planteado como imprescindible para bajar la inflación. En ambos casos, los esfuerzos para sostenerlos son monumentales.
Merced a la voluntad de distintos sectores políticos por avanzar en el freno a la profundización de la crisis se dieron al gobierno libertario las herramientas solicitadas mediante la sanción de dos leyes imprescindibles. Desde ese punto, la obligación emergente fue la de morigerar el impacto social de las medidas fiscales, que arrastran a las administraciones provinciales que son las responsables de la salud, la educación y la seguridad de millones de argentinos.
La mesa de negociaciones está tendida pero no hay tanto para dar y sí mucho para pedir. Frente al veto, el mandatario salteño solo puede aportar tres votos en la Cámara baja nacional y en el Senado, es un convidado de piedra. A menos que cambie de objetivos respecto de un año electoral importante, su liderazgo político no puede trascender los límites del territorio provincial y su posición puede mostrar debilidad.
Salta, 02 de setiembre de 2024
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