Retiro
Trascendidos periodísticos dieron a conocer esta semana que están contados los días de supervivencia de instituciones, la mayoría de carácter federal, por lo que sus representaciones en cada provincia van a desaparecer. La información encaja con decisiones que se vienen adoptando de manera aislada y que hasta ahora han tenido un fuerte impacto social, por el despido de miles de trabajadores del Estado y por la vacancia de funciones que especialmente en el interior del país tenían fundadas razones.
Desde el Gobierno Nacional se explica este proceso desde la necesidad de desregular un Estado burocrático y anacrónico, que tiene un peso y un costo innecesario especialmente para la actividad económica. No menos importante es el planteo vinculado a la transparencia de una administración sospechada de corrupción desde hace más de tres décadas. Estas razones generan la aprobación social en general, aunque particularmente haya cuestionamientos también razonables.
En Salta operan más de 20 delegaciones de organismos nacionales, que siguen trabajando sin mayores cambios pero con un marco de incertidumbre respecto de su destino. La AFIP y sus componentes como la Dirección General Impositiva, Aduana y Migraciones no parecieran estar en la mira de los cambios inmediatos, como tampoco lo que se vincula a la Administración de Aviación Civil, el PAMI, el ANSES o delegaciones del Ministerio de Trabajo. Nada asegura que no se esté analizando reestructuraciones internas para lograr la reducción del gasto público reduciendo la cantidad de empleados.
Entes reguladores, organismos de las áreas social y de cultura también figuran en todas las nóminas de estructuras que deben desaparecer o refuncionalizarse, por que se considera que representan trabas para los propósitos del gobierno libertario. Ya se ha avanzado en algunos casos que han tenido escasa repercusión nacional pero que en la Provincia se ha advertido como un retroceso significativo. Uno de ellos es el del Instituto de la Agricultura Familiar, que concurría a solucionar problemas de orden social y económico de grupos poblacionales radicados en buena parte del territorio salteño.
Si bien hubo decisiones que fueron cuestionadas por su vinculación a políticas que caracterizaron gestiones anteriores, como la de derechos de colectivos que denuncian discriminación, no generaron resistencia masiva. El INADI fue uno de los primeros organismos en cambiar su estructura y se anticipa que el decreto que prepara el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, que comanda Federico Sturzenegger, impondrá su supresión. Igual destino se augura para el Instituto de Asuntos Indígenas, que especialmente involucra a las provincias que tienen comunidades originarias como componente significativo de su población.
No menor es la incidencia de la desaparición de programas de carácter social, como se anunció este miércoles respecto del Plan de Salud Comunitaria, que venía funcionando desde 2002. En Salta se desarrollaba desde abril de 2023, cuando se aprobó el convenio correspondiente, que le permitía a la Provincia recibir recursos para el pago de becas a recurso humano que se desempeña en atención primaria de la salud, para capacitación en terreno y en instituciones académicas de todo el país. Según el Gobierno Nacional ingentes recursos se volcaron para pagar lo que terminó siendo un sobresueldo de personal de salud y que, fuera de control, terminaron percibiendo tales becas profesionales que nada tenían que ver con los objetivos del Programa, como comunicadores sociales, abogados o arquitectos.
El rediseño de la estructura del Estado debe tener como guía el mejoramiento de la prestación de sus servicios y no un fin meramente económico. Y en ese mejoramiento, el control en el manejo de recursos públicos debe ser estricto para evitar excesos que justifican los propósitos del retiro del Estado de la vida nacional.
Salta, 25 de julio de 2024