La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció ante la Justicia que los desmanes en las inmediaciones del Congreso cuando se votaba La ley Bases en el Senado fueron “un ataque contra el ejercicio democrático” y deslizó que “resulta llamativa” la coordinación entre los hechos violentos y los intentos del kirchnerismo y otros sectores de la oposición por suspender la sesión legislativa.

La funcionaria, que es presidenta del Senado, se presentó como querellante ante la jueza María Servini, quien está indagando a los 33 detenidos la tarde del miércoles pasado en inmediaciones del Congreso.

Villaruel dijo que los desmanes “no tendrían otro objetivo más que la interrupción del ejercicio democrático del Poder Legislativo de la Nación, en la sesión que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Senadores de la Nación”. Y resaltó que “resulta llamativa la sincronía de los hechos violentos acaecidos en el exterior” del Senado “con los intentos de suspender la sesión en el recinto”, sostiene el escrito que firmó la vicepresidenta.

La vicepresidenta enumeró los piedrazos, los ataques con bombas molotov, el incendio de dos vehículos -uno de ellos de la emisora Cadena 3-, las roturas de vidrios y pintadas del frente del edificio en Entre Ríos 181, con piedra París “de importante valor patrimonial”; el humo que dañó a los empleados y la incidencia de las vibraciones y estruendos sobre los vitraux “de valor patrimonial considerable e histórico”.

“Los hechos descriptos, sin lugar a dudas, podrían considerarse como un ataque al libre ejercicio de las facultades constitucionales propias del Honorable Senado de la Nación que son parte esencial del desarrollo de la vida democrática y republicana” dijo Villarruel.

El antecedente

El escrito compara la situación con lo sucedido en marzo de 2022, cuando otros manifestantes, esta vez durante el Gobierno de Alberto Fernández, atacaron el Congreso cuando se discutía la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lanzaron bombas de pintura contra las ventanas del despacho que ocupaba Cristina Kirchner, en el mismo cargo que hoy ocupa Villaruel. En ese caso, el Senado, también es querellante.

Por esa causa hay seis procesados que irán a juicio oral. Los acusados plantearon una “probation” para suspender el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias, pero el fiscal Diego Luciani y el tribunal oral federal N° 2 rechazaron esa idea. El argumento fue que era necesaria la publicidad del juicio y de la prueba para determinar si los atacantes quisieron quebrar el sistema democrático.

El Senado aportó 22 fotografías y tres videos como prueba, además de la versión taquigráfica de la sesión. Y pidió que se identifiquen a la agrupaciones políticas que intervinieron en los hechos violentos desmanes, peritar los teléfonos de los detenidos, requerir a los medios videos de los ataques y al propio Senado, ya que cuenta con cámaras en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos y Solís.

La Nación