El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  anunció el cierre de estos organismos que brindan un servicio de atención legal primaria para el acceso a la justicia en las zonas vulnerables en todo el país.

"Como resultado de la auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de diciembre, se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia, que brindaban de manera ineficiente, servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias", reza el comunicado oficial.  

Según la explicación que emitió el Ministerio, "acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones, esto les costaba a los argentinos ocho mil millones de pesos por año". 

"Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito, por lo tanto es injustificable la financiación de más oficinas, mal empelados y más recursos dedicados a la misma función".