El incumplimiento está en la raíz del sostenimiento de altas cifras de víctimas fatales por siniestros viales en toda la Provincia y no parecieran alcanzar las intenciones gubernamentales en mejorar estos parámetros.

En lo que va del año no solo resultan preocupantes las altas cifras de incidentes que se vinculan al incumplimiento de la ley 7846, sancionada en septiembre de 2014, sino que algunas de sus características son realmente llamativas. Uno de los hechos más graves, la tragedia en la Avenida Paraguay de marzo pasado, que resultó con la muerte de cinco personas tras ser atropelladas por un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad, llevó a que la Secretaría de Tránsito municipal solicitara a la población tomar conciencia respecto del cumplimiento de la normativa vigente.

Casi medio centenar de víctimas fatales en lo que va del año, sumadas a otras que quedaron discapacitadas, son datos que indican que se trata de una situación en creciente descontrol. Si bien se refieren a la Capital, es un problema en todo el territorio salteño. 

Los excesos no se registran en grupos sociales determinados ni están condicionados por edad o género. Con más de 2 gramos de alcohol en sangre, una mujer fue protagonista  de un siniestro vial ocurrido este lunes a las 5 de la mañana, en una avenida de mucho tránsito, cuando la camioneta que conducía impactó contra un árbol, subió a la banquina  y volcó. Si bien no es una situación singular, muestra acabadamente que hay una falta de conciencia sobre la obligación de cumplir las leyes vigentes, constituyendo un acto de desprecio a la convivencia comunitaria, particularmente en este tipo de casos, en los que juega la seguridad y el respeto a la vida propia y del resto de la población. Además debe considerarse la violencia expresada en el maltrato a la prensa que cubrió el hecho, dando cuenta de otro rasgo de lo que puede considerarse una patología social.

No menos importante fue otro suceso, ocurrido la semana pasada, que tuvo como protagonista al Arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello quien, en un control, fue detectado conduciendo sin el carnet habilitante y luego de haber consumido alcohol. Al margen de consideraciones que trataron de concentrar la atención en otros aspectos de la intervención de personal vial, lo cierto es que no puede dejarse de lado que el incumplimiento se agrava cuando se toma nota de la representatividad del prelado y de los tiempos sociales que se viven, con notoria ausencia de ejemplaridad.

La ley cuyo incumplimiento se manifiesta en estos hechos determina que queda prohibido conducir habiendo consumido estupefacientes, medicamentos o cualquier otra sustancia que disminuyan la aptitud para conducir y específicamente se refiere al consumo de bebida alcohólica en cualquier grado. En su texto enumera sanciones crecientes como multas, la retención de la licencia de conducir y la inhabilitación para conducir. También crea la figura de conductor alternativo para permitir que el vehículo continúe su tránsito y limita la aplicación del  beneficio de pago voluntario. 

Puede apreciarse que no se trata de la ausencia de reglas sino de una inconducta social, que también fundamenta una iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados proponiendo que los costos sanitarios de estos siniestros estén a cargo de quienes hacen gala de una desaprensión absoluta frente a sus congéneres.

A todas luces se observa la necesidad de reforzar la educación ciudadana con todos los recursos disponibles que, además de las sanciones, deben provocar comportamientos más civilizados. 

Salta, 13 de mayo de 2023