Estados Unidos en alerta máxima por La Salada y Once

Hace al menos una década que el gobierno norteamericano viene quejándose sistemáticamente de ese complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como "uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica" de comercio irregular.

Pero no es lo único apuntado: el último informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos -2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement- también denuncia en el país la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet debido a la "casi inexistente" legislación penal que sancione esa práctica.

"Siguen siendo altas las ventas de productos falsificados en otras locaciones físicas en mercados más pequeños y a través de vendedores callejeros, en el barrio de Once en Buenos Aires y a lo largo de todo el país", señala el reporte. 

El gobierno norteamericano se muestra crítico con la poca respuesta del Estado ante estos delitos. 
"La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias", lamenta el informe.

Mario Grinman, presidente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), dijo que "en los primeros meses del año se observa una pequeña reducción de la venta ilegal, tanto en la comparación intermensual como en relación al mismo período de 2023. La cantidad de puestos de venta ilegal disminuyó en promedio en el bimestre febrero-marzo de 2024 un 6,3% respecto al mismo período de 2023, pero se concentra particularmente en algunas zonas, como Once y la Avenida Avellaneda. Estos barrios concentran las 10 cuadras más afectadas por la venta ilegal en toda la Ciudad de Buenos Aires", enumera. 

"Si nos enfocamos en piratería, en cambio, experimentó un fuerte crecimiento, destacándose Once como la zona de mayor influencia. Esta área de la Ciudad encabezó las falsificaciones en los rubros de Indumentaria y calzado, y de Óptica, fotografía, relojería y joyería", agrega.

Desde la Secretaría de Comercio se indicó que se está desarrollando un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior.
El organismo norteamericano señala como otro desafío actual que "los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos". 

En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, "continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención" de personal. 

"La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023″, insiste el informe.

La evaluación de EE.UU. sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados. 

"Este año, por el cambio de gobierno esto lo vamos a hacer en junio. Está La Salada, está la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley", explica Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

Además, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), emitió un comunicado en el que destaca que "si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EE.UU. ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas".

En el informe del USTR además de la Argentina, en la lista de observación prioritaria aparecen, por distintos motivos, otros países. 

Son Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. En la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.

Con información de El Economista