Opinión06/04/2026

Descontento

Varias cuestiones atravesarán esta semana la realidad salteña. La situación del transporte público de pasajeros toma la delantera por su impacto negativo en la cotidianidad ya perturbada de la ciudadanía.

En un proceso de ajuste tarifario en todos los servicios, el que presta SAETA no podía estar excluido y luego de la obligada audiencia pública no vinculante -realizada el 30 de marzo pasado- desde este miércoles el precio del pasaje en toda el área metropolitana se verá incrementado en 300 pesos. El nuevo valor obligará a ajustar los presupuestos familiares y, seguramente, impactará en la frecuencia del uso del servicio.

Esa tarifa, sin embargo, no resuelve los mayores costos que enfrenta la prestadora. Al incesante aumento del precio de los combustible suma el incremento de salarios acordado en paritarias, cuya aplicación es exigida por el gremio de choferes que intimó a SAETA bajo la amenaza de un paro de actividades a partir del 8 de este mes, el mismo día que se estrena la nueva tarifa.

Un buen nivel de diálogo entre la empresa estatal y la UTA Salta convirtió a las medidas de fuerza en recursos de uso esporádico. El último paro ocurrió el 19 de febrero pasado cuando el gremio adhirió a una protesta nacional contra reformas laborales y en reclamo de paritarias. No es el caso del que se iniciaría este miércoles si no hay arreglo.

No es un problema provincial. Precisamente, la FATAP -organización que nuclea a las empresas prestadoras del país- dio a conocer un informe que da cuenta de las severas dificultades que atraviesan en todo el territorio nacional, configurando una situación asfixiante en las provincias del NOA. La Federación reconoció como causas el impacto del  precio del combustible, que subió un 60% en los últimos meses; una merma del 30% de usuarios en el último año y el insuficiente financiamiento de las gratuidades, que alcanza al 18% de los pasajeros. Pero especialmente señaló la desigual distribución del subsidio nacional, que se concentra en el AMBA y que es una arbitrariedad de la administración libertaria, que obliga a los gobiernos provinciales o municipales a cargar sobre sus arcas el costo de una prestación que no se cubre con el boleto.

Para tener la dimensión del impacto de un paro del servicio debe tenerse en cuenta que SAETA moviliza más de 7 millones de viajes mensuales en el área metropolitana, con un promedio diario hábil de entre 550.000 y 600.000 personas en más de 650 unidades. Esas cifras forman parte de un volumen de cerca de 55 millones de personas que en el país utilizan el colectivo para movilizarse y que si no se adoptan medidas urgentes, un 50% podría quedarse sin transporte en los próximos días, según FATAP.

Es un tema federal que se venía reclamando incluso desde gestiones anteriores, según destacó el gobernador Gustavo Sáenz en declaraciones periodísticas de este domingo. Forma parte de un complejo panorama que ha puesto a todas las provincias frente a un momento crítico, como consecuencia de la merma de la recaudación nacional, con lo que cae la coparticipación. “La macro funciona, pero la micro está mal. No hay consumo, las inversiones no llegan y eso no es culpa de los gobernadores”, reiteró el mandatario salteño.

Cabe señalar que a similares conclusiones arribaron los intendentes que en el último día hábil  de marzo se reunieron en Paraná, en el marco del Consejo Federal que los nuclea. Definieron un pliego de reclamos para contrarrestar las críticas del Gobierno Nacional sobre tasas municipales y en defensa de la autonomía local. No descartan acciones legales porque están sosteniendo servicios que la administración federal abandonó.

Tras los feriados de este largo fin de semana, la maquinaria gubernamental se vuelve a encender. El abandono de la prédica ética del gobierno de La Libertad Avanza, que se amplifica mediáticamente, seguramente no podrá cubrir el descontento social creciente por otras demandas insatisfechas.

Salta, 06 de abril de 2026

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