Facultades delegadas y privatizaciones: los puntos clave que siguen en la Ley Ómnibus tras los últimos cambios
El proyecto recibió más modificaciones y los diputados debaten en el recinto previo a votar los artículos que sobrevivieron a las negociaciones.
La Cámara de Diputados continúa este jueves debatiendo la modificada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que a pesar de no contar ya con varios de los cambios que proponía en su versión original, todavía mantiene algunas reformas que el Gobierno considera fundamentales.
De los 664 artículos que tenía el texto que el presidente Javier Milei envió a fines de diciembre pasado, poco después de haber asumido, luego de las múltiples conversaciones y acuerdos con la oposición, quedaron tan solo 224, menos de la mitad. https://drive.google.com/file/d/1W1zHxJF7TadRbv1hktFk437_lDv3DPu_/view
En el paquete de proyectos, por ejemplo, aún se incluye el anexo con una larga lista de empresas públicas a privatizar, ya sea de manera total o parcial. Con el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., el Estado deberá quedarse con la participación mayoritaria de las acciones, pero podrá vender el resto.
En cuanto a las facultades delegadas, aunque se achicó el plazo de dos a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se unificarán en el denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; desaparecería el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Respecto de la situación del Estado, se conservan los artículos que ordenan una “simplificación, digitalización y desburocratización administrativa” de varios trámites, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos”.
En el ámbito educativo, se mantienen los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente, mientras que en cuanto a la política, se restringirán los actos, programas, obras, servicios y campañas.
Asimismo, se plantea derogar la Ley N° 24.515, que fue la que en su momento fundó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y que las tareas de ese organismo sean absorbidas por la Justicia.
Por otro lado, se fijaría un tope de egresos del 20% en relación con el total de recursos anuales percibidos para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional de la Música (INA).
En materia de seguridad, si bien se eliminaron gran cantidad de artículos que modificaban el Código Penal, resistieron aquellos que agravan las penas para los piqueteros, con multas por destrozos en la vía pública y hasta 6 años de prisión para los organizadores de aquellas protestas que impidan la libre circulación vehicular, lo cual quedó expresamente prohibido.
Además, se crea la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
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