Sin dudas que la crisis, que se mantiene de manera sostenida y creciente desde hace por lo menos un quinquenio, es la que llevó a una decisión electoral que identificó responsables, además de reconocer la complejidad de una situación que tiene muchos componentes y es de naturaleza política. Frente a la decisión de la gestión que encabeza el liberal Javier Milei de poner al país en estado de emergencia, las prioridades contenidas en dos instrumentos normativos no se visualizan en los primeros movimientos. En principio, la pretensión del Ejecutivo de lograr facultades legislativas extendidas generó la lógica y legítima resistencia del poder que es cabeza de su ejercicio y de especialistas que advierten un riesgo para la integridad constitucional del sistema.

En la práctica, la liberación de precios ha repercutido de manera negativa en el bolsillo de la gente, advirtió el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en cuya competencia opera la secretaría que aplica la legislación de defensa del  consumidor y que se quedó sin  herramientas para controlar los excesos.  La concepción de que todo debe regularse por la ley de la oferta y demanda no solamente jaquea a la gente sino a una gran cantidad de comercios, que no forman precios, precisó el funcionario, explicando un cuadro de situación que va agravándose. 

Varios sectores estiman que desde febrero se sentirá el impacto de estas decisiones, precisamente cuando se reinician actividades importantes como la educativa, que impone gastos inevitables. La compra de útiles, ropa y calzado; el pago de cuotas de los colegios y la cobertura de actividades sociales que genera la escuela, son puntos preocupantes para la familia. Se sumarán al crecimiento desmedido de los precios de alimentos y de insumos que han perdido valores referenciales y se quedaron sin opciones ofrecidas a través de programas negociados por el gobierno.

Algunos ejemplos de la imposibilidad de contener precios y tarifas es el anuncio de las empresas distribuidoras de gas licuado que el costo de la garrafa social desde este viernes se incrementa de $5.500 a $8.500.En tanto, la próxima semana se efectuará una audiencia virtual convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos para tratar la readecuación tarifaria de energía eléctrica y agua. EDESA pide incrementos trimestrales y COSAySA requirió un aumento del 320,8% para afrontar costos operativos. El servicio de taxis y remises viene soportando un aumento del GNC, que en menos de tres meses pasó de $97 el metro cúbico a $360, mientras que las naftas acumularon  aumentos del 76% en el mismo lapso. 

En la mayoría de los municipios el año comenzó con un nuevo cuadro de tasas. Vale citar el caso de la Capital, para la que se aprobó un aumento del 140% de la Unidad Tributaria o Campo Quijano, donde se impusieron incrementos para las cargas municipales que van de 250 a 346%.

Son solo señales que corporizan la visión presidencial pesimista de lo que viene y justifican los llamados al reclamo de quienes permitieron la destrucción de las bases de la organización nacional.

Salta, 05 de enero de 2023