Javier Milei pretende que su Ley Ómnibus, de más de 300 páginas se apruebe sin cambios, pero  el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, solo pudo conformar cuatro comisiones y el  cronograma que tejió, en aras de sesionar el 25 de enero, comienza a desvanecerse.

Envuelta en polémicas, la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, exige que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permitirá que Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.

En diálogo con Aries, el emérito profesor de la Universidad Católica de Salta y abogado constitucionalista, Omar Carranza aseguró que no es la primera vez que ocurre en el país y que dependiendo del contexto, una medida de esta magnitud es considerada o no constitucional. 

“En la República Argentina, en materia jurídica todo es posible, ahora si eso es constitucional o no hay que ver”, ironizó y explicó que en primera instancia el órgano control de las normas y de los actos de los poderes del Estado recaen directamente en la Corte Suprema. 

“Después el Congreso resolverá si lo que pide el Presidente de la Nación corresponde o no corresponde. Ellos verán si es una ley que tiene posibilidades de ser tal”, agregó el constitucionalista. 

“En la Argentina siempre ha habido presidentes con 'superpoderes' y se les ha otorgado, incluso a ministros del Poder del Poder Ejecutivo. En la época de Menem, cuando le querían dar superpoderes a Cavallo,  los mismos que decían que eso era inconstitucional, con Néstor Carlos Kirchner decían que era constitucional. Por eso, depende de lo que vayan a decidir la mayoría de parlamentarios”, agregó. 

Para Carranza, la ley en cuestión se tratará artículo por artículo para ver cuál es constitucional y cual no, “a través de la actividad natural del Congreso”.