Luego de que el Ministerio Público Fiscal rechazara el proyecto de Senadores para la modificación del Código Penal Procesal, en su Art. 15, por Aries, la fiscal Penal, Verónica Simesen de Bielke, se pronunció respecto al pedido y aseguró que se trató de un acto “inentendible”. 

Según lo establece la Constitución, los fueros parlamentarios permiten la inmunidad de encarcelamiento y enjuiciamiento y deben ser revocados por las cámaras legislativas a las que el acusado en cuestión pertenece. 

Dicha modificación preveía que “el Fiscal practicará u ordenará realizar las medidas tendientes a interrumpir la comisión del hecho punible y a preservar toda la prueba que corriere riesgo de perderse por la demora y una vez iniciada una causa penal, el Fiscal y Juez intervinientes podrán efectuar todos los actos procesales que prevean las normas vigentes hasta la total conclusión del proceso”. 

A modo de explicación en palabras de la Fiscal: “para quitarle los fueros a un legislador, el delito tendría que estar filmado y ser agarrado en flagrancia”. 

“Por lo menos tiene que llamar la atención, porque buscan reformar ese artículo en particular cuando hay muchos otros que se puede reformar”, agregó. 

Si bien los representantes del sistema acusatorio rechazaron el proyecto alegando las deficiencias presupuestarias para su implementación, Bielke advirtió  que se debe avanzar en la reforma de un Código Penal para acelerar los procesos judiciales y definir cuáles son los delitos “que nos resultan aberrantes como sociedad”. 

“La corrupción produce el empobrecimiento de la sociedad, porque ese dinero que estaba destinado para llevar adelante obra pública, vivienda, salud o educación se destina a los bolsillos de los funcionarios”, lamentó. 

Y terminó, “si queremos que la sociedad castigue la corrupción como un delito grave tenemos que modificar el Código porque tiene penas bajísimas y tanto los legisladores provinciales a los que les toca que es la reforma Procesal, como a los nacionales y la sociedad en conjunto deben definir si se avanza hacia un derecho penal garantista o represivo”.