El caso del municipio capitalino tiene sus particularidades pero, en general, repite situaciones que se registran en el resto de la Provincia. Se trata de la mala relación que durante su mandato sostiene el Ejecutivo con el cuerpo legislativo, que se expresa en la falta de información especialmente sobre el manejo de las cuentas públicas. Y cuando hay cambio de mando, se nota en transiciones conflictivas.

Ese cuadro fue descripto en la reunión del miércoles por José García, que viene ocupando una banca desde 2019, dando fe de su condición de saencista; nuevamente fue reelecto y liderará la bancada oficialista cuando estrene su mandato de cuatro años. El edil se refirió a la desatención de los vecinos, la cantidad de frentes de obras abandonados y el debilitamiento del manejo del municipio. Al respecto cuestionó las dificultades de la transición porque  “no atienden el teléfono”.

Más allá de la lógica ansiedad que genera el interés por iniciar una gestión que quedará en manos de Emiliano Durand, pesa la profundización del destrato al que la titular del Ejecutivo sometió al Concejo Deliberante en estos últimos días de mandato. Y pone a la transición nuevamente en el centro de la atención.

Si bien hay antecedentes en la Provincia de un marcado adelantamiento de las elecciones provinciales, más de 200 días de coexistencia de dos grupos de gobierno mostraron los inconvenientes de la falta de reglas de juego claras. Se trata de un período en los que se deben preservar las facultades de una gestión en pleno ejercicio pero también considerar que es un tiempo de retirada que debe, por sobre todo, dejar en orden la institución que conduce la vida comunitaria de la ciudad.

No es un problema local ni provincial; es nacional y manifiesta una fuerte necesidad de un ordenamiento para encarar el cambio de gobierno. Otros estados tienen reglamentado el proceso y se rigen por reglas que crean obligaciones a los sectores que participan del mismo. Serían de gran utilidad en las actuales circunstancias porque permitiría un trabajo preparatorio preciso aunque no haya voluntad de colaboración, como demuestra el gobierno de Bettina Romero. También ayudaría en transiciones breves, como las que se producen cuando opera un balotaje.

En el Congreso de la Nación hay varias iniciativas que apuntan a imponer ese ordenamiento. Especialmente se vieron motivadas por los desacuerdos y desavenencias ocurridas durante la transición y traspaso de atributos del año 2015, que marcaron la necesidad de fortalecer las alternancias democráticas presidenciales a través de procesos de transición reglados que limiten la discrecionalidad política y la arbitrariedad personalista. Tal es lo que expresan los fundamentos de un proyecto de las diputadas nacionales  Soledad Carrizo y Roxana Reyes, que por tercera vez desde entonces insisten con la iniciativa.

No solo la política entiende que debe reglamentarse el cambio ordenado de gobierno. También lo hace la academia, que ha registrado antecedentes, tanto del nivel nacional como subnacional; provincias y municipios evidencian las mismas dificultades. El documento “Acá le dejo el gobierno: claves para una transición presidencial efectiva” de los consultores Fernando Straface y Cintia Maldonado, del Cippec, confirma que la Argentina no cuenta con una cultura y práctica de transiciones ordenadas de gobierno. El análisis abarcó las siete elecciones presidenciales en el período que va desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la elección de 2015, con la excepción de los cinco presidentes de la crisis del 2001.

Es un tema serio y lo que está ocurriendo en Capital así lo confirma. No es solo una dificultad de políticos sino un padecimiento para la población que observa a sus representantes ocupados en sus rencillas mientras la ciudad zozobra.

Salta, 26 de octubre de 2023