Inicialmente, el calendario de pagos establecía tres vencimientos escalonados durante octubre: el primero por USD 1.280 millones el 6 de octubre, el segundo por USD 640 millones el 12 de octubre y el tercero por USD 673 millones el 31 de octubre. Sin embargo, el Gobierno agrupó  estos pagos para  liquidar un total de USD 2.600 millones en una única transacción, que ocurrirá ocho días después de las elecciones presidenciales.

El FMI había criticado previamente las políticas adoptadas después de las elecciones primarias, argumentando que estas medidas estaban exacerbando las dificultades macroeconómicas en el país. El organismo también enfatizó que la dolarización propuesta por Javier Milei requeriría condiciones previas para funcionar adecuadamente y no reemplazaría la necesidad de implementar medidas fiscales y monetarias para estabilizar la economía.

Julie Kozack, vocera del FMI, destacó que la situación económica en Argentina sigue siendo complicada, con altos niveles de inflación, bajas reservas y vulnerabilidad social. Afirmó que las políticas acordadas en las revisiones anteriores del programa tenían como objetivo restaurar la estabilidad a través de la reconstrucción de las reservas, el orden fiscal y la protección de los sectores más vulnerables. Sin embargo, Kozack subrayó que las recientes medidas adoptadas profundizaron la situación. 

En cuanto a la propuesta de dolarización, Kozack señaló que la determinación del tipo de cambio es prerrogativa del país, pero advirtió sobre la importancia de que la política macroeconómica sea coherente con una transición ordenada entre tipos de cambio. También destacó que la dolarización requeriría pasos previos significativos y no reemplazaría la necesidad de una política macroeconómica sólida.

Esta decisión de pagar los vencimientos de deuda después de las elecciones representa un nuevo episodio en la relación tensa entre Argentina y el FMI, que calificó el programa argentino de "descarrilado" debido al incumplimiento de las metas acordadas. La Argentina ya tuvo  que recurrir a diversas fuentes de financiamiento, incluyendo el gobierno de Catar, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y un acuerdo de swap con China para cumplir con sus obligaciones ante el organismo multilateral.

Infobae