El Procurador pidió más custodia para él y dijo que el juez dilató 50 días la búsqueda del sicario fugado
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó una acusación formal ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez del Tribunal de Juicio, Sala I, del Distrito Judicial Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci en la causa contra Lino Moreno.
Lino Moreno, inicialmente había recibido una condena de 6 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas en concurso real, sin embargo, logró evadirla en el año 2001. Posteriormente, tras su recaptura, fue condenado a 6 años de prisión en otra causa el 17 de febrero de 2005, por los delitos de evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Como resultado, el 27 de mayo de 2005, se decidió unificar ambas condenas en una única pena de 12 años de prisión.
Durante el cumplimiento de esa pena unificada, logró escapar nuevamente el 30 de agosto de 2006. En esta ocasión, ejecutó el homicidio de Liliana Ledesma y así, Moreno fue condenado por el delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de coautores. El 4 de junio de 2016 el propio Juez Edgardo Laurenci unificó las sanciones a la pena única de prisión perpetua
El cuestionamiento hacia el Juez Laurenci se centra en su decisión de conceder salidas transitorias a Moreno durante el cumplimiento de su condena perpetua, a pesar de la negativa de la Fiscalía y la familia de la víctima.
La polémica se intensificó debido a que, cuando Moreno no regresó a la Unidad Carcelaria después de una de sus salidas transitorias, el Juez Laurenci tardó 52 días en corregir información incorrecta proporcionada a la policía sobre la ubicación y los datos de identificación del fugitivo. Hasta la fecha, el paradero de Lino Moreno sigue siendo desconocido.
García Castiella fundamentó su acusación en la falta de diligencia y el incumplimiento de los deberes por parte del Juez Laurenci, argumentando que su actuación podría haber evitado las consecuencias actuales. El Procurador señaló que esta imputación se basa en hechos graves que ponen en duda la rectitud de conducta del magistrado y su capacidad para desempeñar adecuadamente su función, lo que representa un daño al servicio de justicia y un menoscabo de la investidura jurisdiccional.