Grandeza

La resolución del cuerpo, en la que se dejó constancia de que no había impedimento para dar el acuerdo requerido por el Ejecutivo Municipal para la designación del abogado Benjamín Cruz como miembro de ese órgano, solo tuvo tres votos en contra debidamente fundados. El apoyo no se expresó en fundamentos ya que nadie se manifestó en ese sentido en el debate correspondiente.

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de controlar la administración de los recursos del Municipio de la Ciudad de Salta. Es un control externo y asiste al Concejo Deliberante en esa tarea que constitucionalmente tiene asignada. Es así que precisamente en la misma sesión en que se aprobó la designación del nuevo juez también se aprobó una aprobó un proyecto de resolución que le solicita al Tribunal el envío de un informe sobre las actuaciones de control respecto de las obras de la plaza 9 de Julio. La miembro informante, la concejal opositora

Paula Benavides, dijo estar preocupada por lo que se está haciendo con la hacienda pública porque no se logra ver la inversión que se tendría que ver, “entendiendo que se han gastado más de 250 millones de pesos”. 
Precisamente uno de los motivos que se sostuvo para oponerse a la designación de quien hasta ayer era miembro del  gabinete de la intendente municipal es que deberá controlar en alguna circunstancia a la gestión en la que él mismo operó. Solo para citar un caso hay que señalar que el Tribunal de Cuentas examina la Cuenta General del Ejercicio de cada año. 

Es lo que planteó el concejal José Gauffin al adelantar el voto negativo del bloque PRO. Designar, como postuló el gobierno del municipio, a quien “hasta ayer era funcionario municipal, es totalmente irregular”, es lo que dijo el edil.  Y reforzó su cuestionamiento destacando que Benjamín Cruz tiene un sumario administrativo del 2019 por el que el mismo Tribunal de Cuentas dictó una resolución final declarándolo responsable y formulándole un cargo por una suma superior al millón y medio de pesos. 

Otro reparo expuesto a es que el perfil no es el adecuado. Si bien el título de abogado habilita a esa designación, en el caso de este ciudadano no le da idoneidad porque no expone ninguna referencia académica, ni post grado, ni antecedente de haber desempeñado cargos que tengan que ver con el control de la hacienda pública. Esta debilidad no es menor dada la complejidad de la tarea que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.

La argumentación de la oposición no soslayó otra cuestión sustancial en estos tiempos en los que se plantea que hay un claro divorcio entre la política y la sociedad. Es que la ciudadanía está demandando transparencia en la administración del patrimonio público y no debiera abonarse la sospecha que en los organismos de control se designan a referentes cercanos a la gestión que debe revisarse. 

La inquietud es mayor respecto de una gestión evaluada como negativa por los vecinos de la Capital, que le negaron la reelección a la intendenta Romero.  En los cuatro años de gestión tuvo una relación conflictiva con el cuerpo legislativo, al que le restó la información de manera permanente, dificultando la tarea de control. De allí la aspiración que expusiera el concejal radical electo Ángel Ortiz, quien se apresta a volver a ocupar una banca en el Concejo. Ha demandado que el momento de asumir, el intendente electo Emiliano Durand presente una radiografía precisa del estado de las arcas municipales. Por ahora, se estima que hay una situación deficitaria que debe explicarse con cifras ciertas.

La crisis actual -que es nacional, provincial y municipal- exige grandeza por parte de quienes han resuelto ponerse al servicio del Estado para mejorar la calidad de las instituciones que regulan la convivencia democrática.

Salta, 21 de septiembre de 2023