El control, esencial en la marcha de un gobierno democrático, tiene distintos estamentos para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Desde el interno al externo se trata de asegurar lo que, a la luz de los resultados no es lo suficientemente eficiente. Es así que en estos días se está conociendo la elevación a juicio de causas que tienen a ex intendentes o actuales titulares de Ejecutivos municipales como principales imputados. Algunos de ellos participaron de los recientes comicios e, incluso, hay quienes fueron elegidos para ocupar la misma función en la que fueron reemplazados e inmediatos denunciados por peculado por sus sucesores.   

En el caso de las municipalidades, especialmente las que se organizan en base a su Carta Orgánica, tienen Tribunal de Cuentas para la revisión posterior de sus cuentas y Tribunal de Faltas que incluye una Sindicatura para control previo interno. No quiere decir que efectivamente estén operativas. Pero también tienen el control político que ejercita el Concejo Deliberante, que periódicamente va recibiendo un informe de ejecución presupuestaria y tiene la facultad de demandar -cuando considere oportuno- información sobre cuestiones que le importe.

En virtud de toda la normativa vigente, desde la Constitución Provincial que tiene un capítulo dedicado al control público, es posible que los Ejecutivos –que tienen la responsabilidad de la administración de los Estados- no lo hagan de manera discrecional; por el contrario, el margen es muy restringido. Pese a ello, la corrupción es un mal de este tiempo en el país, la provincia y los municipios.

Hay casos emblemáticos que se citan permanentemente y otros que se pueden agregar por sus particularidades. En el departamento de Anta, los cinco intendentes han sido reelectos. En la nómina figura el de la capital departamental, Joaquín V. González. Juan Domingo Aguirre logró un triunfo por cinco puntos pese a que el Concejo Deliberante lo había destituido en febrero pasado, por incumplimiento de sus deberes en el menor de los casos. La apelación a la Corte de Justicia lo habilitó a continuar en funciones y desde allí postularse, pese a que se conocía que desde 2017 no presenta ninguna rendición de cuentas; esto es, un período y medio de mandato sin mostrar el manejo administrativo.

Un caso como ese no va a ser auditado en esta oportunidad. Los reelectos no estarán bajo la lupa de los auditores sino aquellos que dejan la función y cuyos sucesores han expresado preocupación por eventuales excesos de fin de mandato. Según las referencias del titular de la Auditoría, Gustavo Ferraris, el manejo de la planta de personal es la trampa que se teme quede tendida. También se auditarán las chequeras, para determinar cuántos cheques de pago diferido han sido emitidos y quiénes los firmaron, entre otros aspectos.

En Capital, donde habrá cambio de conducción, el órgano de control provincial no intervendrá porque lo hará el Tribunal de Cuentas Municipal. Son las circunstancias en que se reactualiza la discusión respecto de si el control interno y concomitante que realiza este organismo es suficiente o si es necesario el externo que efectúa la Auditoría. Es una zona gris sobre la que debe echar luz una reforma constitucional, una disposición legislativa o un acuerdo político que imponga una u otra.

Es importante que la transición extensa que ha generado la elección provincial se centre en el informe acabado sobre la situación de las cajas provincial y municipales. Aunque el ejercicio de un mandato es sin beneficio de inventario, apuntar a las cuentas es un buen punto de partida.

Salta, 23 de mayo de 2023