En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad volvió a ponerse en discusión la contratación de consultoras – por parte del Ejecutivo Municipal – por más de 70 millones de pesos. Cabe recordar que Agustina Gallo y Valeria Capisano, jefa de Gabinete y secretaria de Prensa de la comuna, respectivamente – fueron citadas en dos oportunidades para brindar las explicaciones pertinentes; la primera vez no asistieron y la segunda vez enviaron un informe que, aseguran los ediles, no respondía a los requerimientos solicitados. 

“Pedimos que en siete días se remita la información completa respecto a las consultoras”, explicó la concejal Paula Benavides al momento de defender el proyecto de resolución. 

Reiteró, en tanto, que al mencionado informe le faltaban los contratos y las contraprestaciones, además de que, en él, se sugería la existencia de un listado de servicios que prestaban las empresas, pero que, a la sazón, no coincidían con lo que se estipulaba en las facturas presentadas. 

“No se contestó el informe en forma, entonces, le pedimos al Ejecutivo que complete la información. Se habla de pautas en redes sociales, por ejemplo, bueno, debe enviar entonces las métricas de las pautas”, indicó la concejal, y continuó: “También se debe informar el canal por el que se hicieron, la duración y el presupuesto diario”.

Asimismo, respecto a los servicios de las empresas en cuestión, indicó Benavides, se solicita el detalle de los análisis comunicacionales, los resultados estadísticos e información sobre a quién asesoraron y sobre qué temas.

“Este es un proyecto de resolución y sale de esta forma porque se agotaron los plazos. Tenían tiempo para completar el informe hasta el 4 de abril y no lo hicieron. Escuchamos a Agustina Gallo decir que el estema estaba terminado; el tema está terminado cuando en el Concejo Deliberante tengamos la totalidad de la información solicitada o bien, si no quieren informar, cuando la Justicia se lo demande”, advirtió la edil.

Explicó, en este punto, que el proyecto también le encomienda al área de Legal y Técnica del cuerpo deliberativo comunal que, de no completarse el informe en el plazo de 7 días, se inicien las acciones penales contra las funcionarias.

“No brindar esta información es un delito penal”, aseguró Benavides finalizando.