La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, requirió esta mañana el enjuiciamiento del sacerdote Agustín Rosa Torino, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple”, agravado por ser ministro de culto reconocido.
Judiciales 17/10/2018
El delito que pesa sobre el religioso, contempla penas de hasta 20 años de prisión.
La fiscal concluyó que la acusación “halla fundamento en que el imputado, aprovechando la cercanía, la confianza, el respecto y la obediencia que le era debida, habría desplegado actos de contenido sexual en el cuerpo de los denunciantes”.
Entre dichos actos, la representante del Ministerio Público describió los mismos como “tocamientos libidinosos”, a los que los damnificados no pudieron prestar de “ningún modo su consentimiento libre y voluntario” a los abusos sexuales denunciados.
Señala que el acusado gozaba de “ascendencia” sobre los miembros de la congregación que dirigía y que se “tornaba imposible para estos, en ese estado de clara vulnerabilidad, resistirse o negarse, máxime teniendo en cuenta las premisas que se impartían en esa Orden Religiosa y el evidente estado de sumisión en el que se desarrollaba el vínculo entre Rosa Torino y los hermanos del Instituto encabezado por el acusado”.
Los resultados de los peritajes psicológicos “fueron determinantes” para la fiscal “en cuanto al padecimiento de las víctimas, como así también respecto al perfil del acusado” porque los mismos dan cuenta de “la existencia de graves secuelas en la psiquis de los denunciantes, lo que permite inferir que se ha afectado su integridad psicofísica y sexual”.
Ahora la jueza de Garantías 1, Ada Guillermina Zunino, deberá seguir con los trámites del caso para la realización del juicio oral y público al cura Rosa Torino.
El sacerdote, fundador del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, que tiene varias sedes en esta ciudad, el país y otros lugares en el extranjero, fue detenido el 21 de diciembre del año 2016 en las instalaciones que dicha orden religiosa posee en Finca La Cruz.
A fines de agosto de 2017, sin embargo, un fallo del Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva del sacerdote y ordenó la prisión domiciliaria en un inmueble de finca La Cruz, como así también autorizó su salida de la provincia en dos oportunidades, una a otra provincia y otra fuera del país.
Para la investigación, la fiscal Sodero Calvet ordenó numerosas diligencias, como inspecciones oculares en las instalaciones que posee el Instituto San Juan Bautista, pericias sobre un teléfono celular, pen drive, computadoras, cámaras filmadoras y otros dispositivos digitales secuestrados en la causa, más de 50 declaraciones testimoniales.
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