Se requerirán informes a organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario para conocer las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Las denuncias relacionadas con la problemática, serán sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

La Procuración General ha determinado, como eje prioritario de política criminal, intensificar la atención en estas modalidades de estafas, abusos y delitos conexos, en virtud del alto impacto dañoso que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos. 

La preocupación comprende, especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio.  En ese contexto, el senador aportó una carpeta con las inquietudes y denuncias que le hicieron llegar los ciudadanos, que fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odoriosio. 

En el encuentro, coincidieron en que las principales modalidades que generan preocupación en la ciudadanía son las inversiones efectuadas en fideicomisos inmobiliarios –conocidos popularmente como venta “de pozo”; las ventas de casas prefabricadas y la venta de inmuebles por lotes -o loteos-, pudiendo tratarse de modalidades comisivas en escala con la posible participación de organizaciones delictivas.

Por ello, García Castiella dispuso que aquellas denuncias radicadas en los últimos dos años (y las que se radiquen en lo sucesivo) referidas a actividades relacionadas con la oferta pública de inmuebles, casas prefabricadas, venta por lotes, financiamiento por fideicomisos y/o de servicios financieros para la adquisición de vivienda, sean sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

En el marco de sus competencias para la protección judicial de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, el Procurador dispuso también la conformación de un equipo de trabajo y ordenó requerir informes a todos los organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario -y sus operadores- para conocer sobre las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Con dicha información se busca evaluar en las próximas semanas las mejores alternativas judiciales para la protección de los intereses difusos o colectivos.