
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


Para su última sesión con la integración reformada en agosto último, la Cámara de Diputados no ha escogido grandes temas. Incluyó solo los nueve proyectos que se reserva en cada sesión a propuestas de los bloques que organizan a sus 60 miembros y quedan para las próximas sesiones los que fueron girados por el Senado para revisión. Seguramente el plato fuerte que se servirá será la despedida de los que han cumplido mandato y no fueron reelectos.
Opinión23/11/2021
De los cuatro proyectos de ley que figuran en el Acta de Labor Parlamentaria –y más allá de su destino- sobresale el que propone declarar como política pública estatal la efectiva implementación de la medicina y uso terapéutico del cannabis. Es otra vuelta de tuerca a un tema que viene desvelando a los legisladores desde la segunda década de este siglo y, en este caso, a fin de resolver aspectos prácticos de la aplicación de un conjunto de normas sobre la temática.
Además de facilitar la aplicación medicinal, que levantó parcialmente la barrera de prohibiciones en su torno, el propósito incluye también el desarrollo e investigación para la producción e industrialización del cultivo de cannabis y sus derivados. El límite a esa actividad precisamente estará marcado por la consecución de los objetivos trazados en función de esa política que la ley a sancionar debe imponer.
Pese a todos los avances que ya se han registrado aún hay discusiones en el seno de la sociedad, promovidas por sectores conservadores que se aferran a la calificación original del cannabis como estupefaciente. Alrededor de ese debate residual van creciendo otros proyectos como el emprendimiento económico que sostiene una sociedad del Estado jujeño y otro de carácter privado en Cafayate, cuya autorización se está tramitando ante el Gobierno nacional. Las inversiones y las ganancias estimadas hacen suponer que no habrá retorno en esa línea de acción.
Ese avance tiene vacíos y zonas grises que los diputados Carolina Ragone y Daniel Sansone del bloque oficialista Salta Tiene Futuro y Franco Hernández Berni, del Frente de Todos, tratan de cubrir con la iniciativa cuyo tratamiento se reservó para una sesión que tiene sus ribetes especiales. Es así que precisa que se entiende por implementación medicinal o terapéutica cannábica al uso o consumo de la planta de cannabis y sus derivados por toda persona que tuviere una indicación médica para ello.
Otro aporte es la pretensión de tender un cerco para ordenar el crecimiento de la actividad, que no pocos siguen vinculando a un uso recreativo que es ilegal en el país, aunque el consumo de marihuana es una práctica social extendida. Para ello dispone la creación de un ente descentralizado, que entre otros objetos tendrá el de formular políticas públicas destinadas a la investigación, la financiación, la producción, industrialización, comercialización, exportación, fiscalización del cultivo de cannabis con fines medicinales y sus derivados, con fines científicos , industriales y medicinales. También crea un Registro Provincial que tendrá a su cargo la trazabilidad y el control de los pacientes, médicos, laboratorios, farmacias y demás actores intervinientes, además de emitir todas las autorizaciones correspondientes.
Con la Ley 7996 -sancionada en 2016 en la Provincia- y la Nacional 27.113, que data del 2017, podría considerarse reglada la situación. Sin embargo, en esta cuestión lo que abunda no daña por tratarse de una cuestión de salud pública. Se demanda un trato serio y responsable que reduzca la resistencia que empuja a la oscuridad un uso que debe estar iluminado.
Salta, 23 de noviembre de 2021

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.

A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.

Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.

Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.

En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.