Cannabis

De los cuatro proyectos de ley que figuran en el Acta de Labor Parlamentaria –y más allá de su destino- sobresale el que propone  declarar como política pública estatal la efectiva implementación de la medicina y uso terapéutico del cannabis. Es otra vuelta de tuerca a un tema que viene desvelando a los legisladores desde la segunda década de este siglo y, en este caso, a fin de resolver aspectos prácticos de la aplicación de un conjunto de normas sobre la temática.

Además de facilitar la aplicación medicinal, que levantó parcialmente la barrera de prohibiciones en su torno, el propósito incluye también el desarrollo e investigación para la producción e industrialización del cultivo de cannabis y sus derivados. El límite a esa actividad precisamente estará marcado por la consecución de los objetivos trazados en función de esa política que la ley a sancionar debe imponer. 

Pese a todos los avances que ya se han registrado aún hay discusiones en el seno de la sociedad, promovidas por sectores conservadores que se aferran a la calificación original del cannabis como estupefaciente. Alrededor de ese debate residual van creciendo otros proyectos como el emprendimiento económico que sostiene una sociedad del Estado jujeño y otro de carácter privado en Cafayate, cuya autorización se está tramitando ante el Gobierno nacional. Las inversiones y las ganancias estimadas hacen suponer que no habrá retorno en esa línea de acción.

Ese avance tiene vacíos y zonas grises que los diputados Carolina Ragone y Daniel Sansone del bloque oficialista Salta Tiene Futuro y Franco Hernández Berni, del Frente de Todos, tratan de cubrir con la iniciativa cuyo tratamiento se reservó para una sesión que tiene sus ribetes especiales. Es así que precisa que se entiende por implementación medicinal o terapéutica cannábica al uso o consumo de la planta de cannabis y sus derivados por toda persona que tuviere una indicación médica para ello.

Otro aporte es la pretensión de  tender un cerco para ordenar el crecimiento de la actividad, que no pocos siguen vinculando a un uso recreativo que es ilegal en el país, aunque el consumo de marihuana es una práctica social extendida. Para ello dispone la creación de un ente descentralizado, que entre otros objetos tendrá el de formular políticas públicas destinadas a la investigación, la financiación, la producción, industrialización, comercialización, exportación, fiscalización del cultivo de cannabis con fines medicinales y sus derivados, con fines científicos , industriales y medicinales. También crea  un Registro Provincial que tendrá a su cargo la trazabilidad y el control de los pacientes, médicos, laboratorios, farmacias y demás actores intervinientes, además de emitir todas las autorizaciones correspondientes.

Con la Ley 7996 -sancionada en 2016 en la Provincia- y la Nacional 27.113, que data del 2017, podría considerarse reglada la situación. Sin embargo, en esta cuestión lo que abunda no daña por tratarse de una cuestión de salud pública. Se demanda un trato serio y responsable que reduzca la resistencia que empuja a la oscuridad un uso que debe estar iluminado. 

Salta, 23 de noviembre de 2021