En diálogo con Aires, el gerente del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, aseguró que el nosocomio termina realizando todos los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se niegan en el sector privado de la salud.

Para Caliva, los dichos del médico apuntan a cuestionar a la Ley Nacional cuando lo que hay que hacer, en realidad, es “empezar a trabajar”.

“En el caso de los gerentes de hospitales públicos y privados tienen la obligación de transmitir si hay inconvenientes para, finalmente, poder saldarlos”, sostuvo la legisladora nacional también en Aries y completó: “No se trata de volver para atrás”. 

En este sentido, Caliva explicó que existen instancias superiores a estas gerencias – tal el caso del Ministerio de Salud de la Provincia o la Superintendencia de Servicios de Salud en el plano nacional – que son las encargadas de controlar que la Ley se cumpla.

Sin embargo, la Diputada señaló que el movimiento de mujeres también hace un seguimiento de los casos en los que se niega el acceso a la práctica y, además, no descartó que pueda formarse un Consorcio que supervise el cumplimiento de la misma.

Así las cosas, Caliva indicó que, si bien la objeción de conciencia está contemplada en la norma, el nosocomio en cuestión – público o privado – debe contar con otro profesional que realice la práctica y garantice así el derecho. “No pueden incumplir con una Ley Nacional y más cuando hablamos de una cuestión de Salud pública”, aseguró la legisladora nacional.

Sin embargo, a pesar de los dichos de Mangione, la Diputada dijo no tener conocimiento sobre denuncias por negativas al acceso de la práctica.

“Hasta ahora no recibí ninguna denuncia puntual; me parece que esas son especulaciones irresponsables; tiene la obligación de tratar estos temas con sus autoridades superiores y empezar a aportar soluciones, es decir, las modificaciones que deba hacer él en el hospital para resolver cualquier inconveniente”, consideró Caliva finalizando.