Las agresiones se dieron cuando miembros de comunidades criollas e indígenas reclamaron el acceso al agua potable, electricidad, caminos y regularización sobre tierras.

Videos e imágenes publicadas en medios de comunicación y redes sociales, dieron cuenta de la existencia de varios heridos, entre ellos niños, niñas y una mujer embarazada, durante el reclamo.

Según las mismas informaciones publicadas, los efectivos policiales habrían actuado sin la orden judicial pertinente para cualquier operativo de despeje o desalojo.

Ante la situación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso la realización de una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho ocurrido en cercanías del puente fronterizo con Bolivia.