Presupuesto

Opinion 16 de septiembre de 2020
Una primera señal de un plan de gobierno para una gestión iniciada hace ya nueve meses emergió a través del proyecto de ley de Presupuesto 2021 para el país. La iniciativa ingresó el martes, dentro del plazo estipulado por la Constitución Nacional, lo que también resulta alentador en orden a apreciar que está consolidado el orden institucional, más allá de esfuerzos sectoriales por aprovechar resquicios que deja la pandemia para imponer sus intereses.
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En sus fundamentos se precisan cuáles son las prioridades estratégicas del gobierno de Alberto Fernández. Entre ellas figuran la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación la población y el fortalecimiento de la educación y la salud. Es cierto que se trata de enunciados que suelen repetirse desde las sucesivas gestiones pero adquieren particular relevancia en un país atravesado por un estado de emergencia que no solo es sanitaria; es social y económica preponderantemente.

Las particularidades de este tiempo demoró el rito de un ministro llevando la propuesta al Congreso y la iniciativa entró acompañada de un comunicado público. En él, el titular de Economía Martín Guzmán destaca que el presupuesto marca un camino de reconstrucción para levantar al país y volver a andar. En definitiva, de eso se trata la función de un gobierno.

Sin embargo, los principales datos que trascendieron del presupuesto no generan la misma adhesión que los propósitos que lo sustentan. Más allá de objetivos de discutible realización, como un dólar a 102 pesos, un crecimiento de 5,5% y una inflación de 29% a fin de 2021, el marco conceptual es el foco de la polémica.

Se busca, anticipa el Gobierno, la estabilización macroeconómica, propósito a alcanzar impulsando la recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva y un Estado intervencionista. Esto último es lo que se concluye de un plan de acción para proteger a los sectores más vulnerables, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones, en el que el rol protagónico lo tiene precisamente el Estado.

El hombre común, que debe transitar el camino de confiar en quienes tienen la excluyente responsabilidad de aprobar el presupuesto, debe entender que la política fiscal expansiva significa el aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de baja de impuestos. De lo primero se sabe mucho y sobran las justificaciones; no ocurre lo mismo con la eliminación de las cargas fiscales o, al menos, con la reducción de alícuotas, que nunca sucede.

En síntesis, nuevamente el déficit fiscal es el eje sobre el que rota el presupuesto. En este caso no pasa por el esfuerzo de su disminución, en el peor de los casos; en un equilibrio, como una virtuosa aspiración o de un superávit, como hipótesis de máxima. En definitiva, con la opción de una política fiscal expansiva, está dicho que no hay mucho por hacer.

Nuevamente se trata de ordenar las cuentas en una situación de crisis. Desde el punto de vista económico son épocas en las que se necesita un empujón por parte del Estado, aceptan los especialistas, enaltecen los oficialistas y denostan los opositores, cualquiera sea el grupo político que esté en uno u otro lugar.

Todo indica que se va rumbo a un modelo de mayor dependencia de provincias al Ejecutivo nacional. No habrá mucho para repartir como coparticipación por lo que los recursos para encarar obras o mejorar servicios dependerá del poder discrecional del gobierno central. Entonces, no habrá ninguna sorpresa. 

Salta, 16 de septiembre de 2020

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