En el Ministerio Público hay reservas sobre el proyecto para convertir en ley las Acordadas de la Corte durante la cuarentena

La iniciativa legislativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, contempla que se celebren audiencias por medios virtuales y que las resoluciones judiciales - como decretos, vistas y traslados- se comuniquen por vía electrónica. En este contexto, determina que “el préstamo y remisión del expediente papel solo será proveído favorablemente si su compulsa resulta absolutamente indispensable”, lo que queda a criterio del juez a cargo de la causa.

Mirta Lapad pidió a los legisladores un análisis cuidadoso del proyecto. Explicó que los expedientes no se encuentran digitalizados y que acceder a las actuaciones en papel para una evaluación cuidadosa del caso resulta indispensable para el trabajo de los Asesores de Incapaces, que intervienen en protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y las personas afectadas en su salud mental.

“El Covid no puede impedir el acceso a la Justicia. Dictaminar sin tener acceso al expediente sería irresponsable y derivaría en que la actuación del Asesor de Incapaces fuera simbólica”, afirmó la magistrada a los senadores.

De acuerdo a las normas procesales vigentes, las notificaciones a los Asesores de Incapaces se deben realizar mediante la recepción del expediente en su despacho y los magistrados deben devolverlo en un plazo de cinco días después de vencido el término para contestar el traslado.

Las Asesorías de Incapaces reciben hasta 700 expedientes judiciales por mes, a lo que se agrega el requerimiento de intervenciones extrajudiciales. La mayoría de las causas se relacionan con hechos complejos, como la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil.

Mirta Lapad insistió en que un Asesor de Incapaces necesita que le remitan el expediente para emitir su opinión o articular las acciones de protección urgentes para los derechos de los niños, niñas y adolescentes o personas afectadas en su salud mental.

Con respecto a las audiencias virtuales, la Asesora General de Incapaces consideró que pueden resultar de utilidad en algunas causas pero que no deberían imponerse como regla general. Ejemplificó que, en el caso de los niños y niñas, deben estar acompañados por un adulto del entorno familiar para dar sus testimonio por medios tecnológicos, por lo que puede resultar complejo que hablen libremente sobre los hechos de los que están siendo víctimas.

En una presentación que los magistrados dejaron por escrito a los legisladores, también se destacó que el contacto presencial es importante para la intervención de los psicólogos y asistentes sociales de los equipos interdisciplinarios del Ministerio Público.

Pedro García Castiella, por su parte, manifestó su adhesión a lo expresado por la Asesora General de Incapaces. “En el contexto de la pandemia es importante preservar un equilibrio responsable entre la necesidad de que el sistema judicial funcione y sostener el valor Justicia, para que exista como una  realidad efectiva y no sea una ficción”, señaló el Defensor General de la Provincia.

García Castiella indicó que, en cinco artículos, el proyecto de ley 91-42.288/20, que deben tratar los senadores, “modifica sensiblemente los códigos procesales” en lo que hace a notificaciones y la constitución de domicilio, que debe ser electrónico según el proyecto.

El magistrado dijo que los cambios impactarían en los que solo pueden acceder a la Justicia por medio de la Defensa Pública. Detalló que, en el fuero de familia, el 70 por ciento de las causas judiciales están a cargo de Defensores Oficiales y que en el área penal esa cifra llega al 90 por ciento. “A una Defensoría Oficial Civil llegan de 40 a 60 notificaciones diarias. En familia, son de 60 a 70 por día”, graficó.

Los magistrados aseguraron que “es importante avanzar en los medios electrónicos como herramientas que permitan a la Justicia desburocratizar su funcionamiento y adquirir mayor celeridad, sin embargo el modo en que se ha propuesto esta implementación en el proyecto de ley no ha tenido en cuenta la realidad de los distintos actores y el impacto que la falta de intervención del Ministerio Público puede tener en el sector más vulnerable de la sociedad”.

Participaron de la reunión  en la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Nolasco, y los senadores Silvina Abilés, Alfredo Sangiuno, Javier Mónico, Mashur Lapad, José Ibarra, Walter Cruz, Manuel Pailler, Jorge Soto, Juan Cruz Curá y Guillermo Durand Cornejo.