Mariana Frías
La Corte de Justicia de Salta suspendió la aplicación de la Ordenanza 11/2026, con la que el Concejo Deliberante de La Merced había reglamentado el procedimiento de juicio político contra el intendente Javier Wayar. La decisión se produce en medio de un prolongado conflicto institucional, marcado por denuncias de vecinos, pedidos de intervención provincial y el intento de los concejales de avanzar con el juicio político. El tribunal advirtió posibles problemas constitucionales en la normativa, aunque todavía no resolvió de manera definitiva sobre su validez.
En diálogo con Aries, el asesor del Concejo Deliberante de La Merced, Franco Gorritti, explicó que la presentación judicial fue realizada por el Ejecutivo municipal y que ahora corresponde analizar los argumentos de ambas partes.
“El Concejo entiende que la reglamentación es un marco jurídico que reglamenta la operatividad de un derecho constitucional que tiene el cuerpo conforme a la propia Constitución provincial. La atribución de juicio político es del Concejo Deliberante, y eso no cambia a pesar de la medida cautelar. Sigue teniendo esa potestad”, afirmó.
El asesor remarcó que la suspensión de la ordenanza no equivale a una prohibición definitiva de avanzar con un juicio político y sostuvo que el Concejo considera que existen fundamentos para defender la normativa y el procedimiento iniciado.
“Nosotros estamos convencidos de que existen explicaciones suficientes y de la forma operativa en la que el Concejo Deliberante lo está llevando adelante con respeto de las garantías constitucionales, y explicaremos de qué forma entendemos como Concejo Deliberante dicha situación”, manifestó.
Respecto de los cuestionamientos, el asesor indicó que será necesario analizar los artículos observados y responder a los planteos formulados por el intendente. También insistió en el carácter transitorio de la resolución judicial.
“Una medida cautelar es simplemente una medida provisoria de suspensión para que se den las explicaciones correspondientes”, señaló, y aclaró que el jefe comunal continúa ejerciendo sus funciones.
Por otra parte, Gorritti explicó que la Carta Orgánica Municipal de La Merced establece la obligación de reglamentar el juicio político, una particularidad que, según indicó, no se presenta de la misma manera en otros municipios.
“Tenemos una Carta Orgánica Municipal que nos obliga, como municipio de La Merced, a reglamentar el juicio político, algo que no tienen los otros municipios, por ejemplo. Nosotros sí, y tenemos que soportar la situación de que pueda cuestionarse constitucionalmente”, sostuvo.
En esa línea planteó que uno de los principales problemas es la falta de una reglamentación común para los municipios, dificultando su aplicación. “Al no haber una reglamentación única para todos los concejos deliberantes, generalmente todos los juicios políticos terminan siendo rechazados por la Corte”, afirmó.
