Se repite, se viraliza, se señala con facilidad. Y sin embargo, en ese señalamiento permanente hay un silencio que incomoda: el de la casta judicial.
Porque si vamos a hablar de privilegios, de falta de respuesta, de desconexión con la vida real… la justicia también debería entrar en esa conversación.
No toda, claro. Sería injusto generalizar. Pero sí una parte del sistema que funciona con tiempos, lógicas y distancias que poco tienen que ver con la urgencia de la sociedad a la que debería servir.
Y ahí es donde el problema deja de ser institucional para volverse profundamente humano.
Un expediente no es solo un número. Es una historia. Es una familia. Es, muchas veces, una infancia o una adolescencia atravesada por decisiones que llegan tarde… o que nunca llegan.
En los juzgados de familia esto se vuelve aún más evidente. Porque mientras la justicia se toma meses —a veces años— para resolver, la vida sigue pasando. Y lo que no se resuelve a tiempo, se convierte en daño.
Una mamá que no puede ver a sus hijos durante meses por una medida cautelar que se extiende sin revisión.
Un padre que espera una resolución sobre régimen de comunicación mientras el vínculo se enfría.
Niños y adolescentes que crecen en medio de conflictos judicializados donde nadie parece escuchar lo que sienten.
¿Puede una justicia que llega tarde seguir llamándose justa?
La respuesta, aunque incomode, es no.
Porque en materia de infancia y adolescencia, el tiempo no es un detalle técnico: es un derecho. Cada día sin resolución es un día que no vuelve. Cada demora es una forma silenciosa de vulneración.
Y sin embargo, ese debate no ocupa el centro de la escena pública. No hay consignas virales contra la casta judicial. No hay micrófonos apuntando a sus demoras estructurales. No hay la misma exigencia de rendición de cuentas.
Tal vez porque la justicia habla en un lenguaje difícil, técnico, distante.
Tal vez porque no tiene la exposición cotidiana de la política.
O tal vez porque cuestionarla implica incomodar a un poder que, históricamente, ha sido menos interpelado.
Pero si de verdad queremos mejorar la calidad institucional, la conversación tiene que ser completa.
La política debe rendir cuentas, sí. Pero la justicia también.
Porque cuando un juzgado de familia no atiende en tiempos razonables, no es solo ineficiente: es injusto.
Y cuando la injusticia se vuelve rutina, deja de ser un error para convertirse en sistema.
Hablar de esto no es atacar a la justicia. Es exigirle lo que la sociedad necesita: cercanía, celeridad y humanidad.
Porque al final del día, la legitimidad de cualquier poder no se construye en los discursos, sino en las respuestas concretas.
Y hay algo que ya no admite más demora: que la justicia esté, de verdad, a la altura de la vida de la gente.
