Es conocido el impacto de una política macroeconómica que le traslada el peso de alcanzar un equilibrio fiscal imprescindible para corregir los problemas estructurales de la situación de un país que necesita volver a los mercados y atraer inversiones. Los gobernadores son los voceros de las graves complicaciones que enfrentan en su administración, con mayores responsabilidades y menores recursos. Sus propias cuentas están perdiendo el equilibrio que algunas habían alcanzado con disciplina y esfuerzos en varios ejercicios anuales.
Mientras los mandatarios tratan de seguir con la prestación de servicios esenciales, cumplir con el pago de haberes y priorizar obras públicas impostergables, han comenzado a reconocer limitaciones para contener la crisis social que ha comenzado a visualizarse.
Ello llevó a que un gobierno -reacio a entregar fondos e invertir en programas y obras de su jurisdicción- disponga realizar anticipos financieros por hasta 400 mil millones de pesos a los distritos con mayores dificultades fiscales, entre las que se encuentra Salta. No se trata de una remisión discrecional, como venía sucediendo, sino de la atención a exigencias debidamente fundadas. De allí que la medida incluyó a provincias que sostuvieron posiciones muy críticas a la gestión de Javier Milei, como La Rioja y Tierra del Fuego, solo para citar algunas.
Esta decisión, contenida en el decreto 219 del Ministerio de Economía de la Nación, se ejecuta como adelantos de coparticipación que deberán devolverse dentro de este año, con una tasa nominal anual del 15%. Esa devolución se realizará a través de retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables. No es una ayuda sino una asistencia onerosa.
Estas disposiciones dan cuenta que la asfixia de las administraciones provinciales las ha puesto ante la imposibilidad de cumplir “los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, según se señala en los considerandos de la norma. Pero también es la asunción por parte de la administración libertaria de su responsabilidad en la caída de la recaudación que ha producido una reducción, en el primer trimestre de este año, de las transferencias automáticas de más de un billón de pesos en términos reales.
Este desfase explica la acotada capacidad de maniobra de los gobiernos provinciales y municipales. Por ejemplo, la negociación con el gremio de choferes para evitar un paro del transporte masivo de pasajeros en el área metropolitana, abrió otro frente de análisis que puede tener repercusiones sociales imponderables en este marco de dificultades. El ministro de Gobierno Ignacio Jarsún, anticipó que no se puede asegurar la continuidad de las gratuidades en las condiciones actuales.
Otra corporización de las urgencias que acosan a gobernadores e intendentes son los reclamos sociales que no pueden satisfacerse, algunos derivados del retiro de asistencia nacional. Hay un notorio cambio del ánimo social, que muestra una creciente intolerancia. Lo ocurrido en La Merced es una muestra cabal de que hay grupos o comunidades al borde del estallido. Una tragedia vial ha puesto al borde de la caída al gobierno municipal.
Todo el sistema institucional debe realizar una lectura atenta de los mensajes que está transmitiendo la sociedad. Y esa tarea no debe limitarse al Ejecutivo sino que incluye a los cuerpos legislativos y a la Justicia, que tienen grandes responsabilidades en la contención de las crisis.
Salta, 07 de abril de 2026
