La distinción se aprobó luego que se anunciara que la casa de estudios estará sometida a una auditoría dispuesta por la AGN y a poco que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificara que el gobierno nacional deberá ejecutar inmediatamente la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Una de las relaciones más conflictivas de la gestión del presidente Javier Milei es la que sostiene con el sector universitario. A poco de asumir y cuando aún conservaba la adhesión ciudadana, el mandatario libertario provocó con sus políticas de restricción presupuestaria una masiva marcha en defensa de la educación superior pública y gratuita. Desde ese momento no logró retomar la iniciativa política en el diseño de funcionamiento del sector.
Intentó desprestigiar a las casas de estudios e investigación científica poniéndolas bajo el manto de la sospecha de manejo irregular de sus recursos. Anunció que enviaría auditorias a cada una de ellas, propósito que no logró cumplir porque en sus primeros dos años de gestión no promovió la integración del máximo órgano de control externo.
La confrontación no dejó indemne al sistema, que se integra con más de 60 universidades nacionales públicas que cobijan a casi tres millones de estudiantes. En este mes de abril, en todo el país se está cumpliendo un plan de lucha de personal docente y no docente en reclamo de mejoras salariales y en cumplimiento de la ley de financiamiento. El conjunto de actividades y programas se ha resentido por la falta de fondos que no son remitidos por el gobierno nacional, generando una caída salarial del 30%, la paralización de proyectos de investigación y las limitaciones en los programas becas estudiantiles, entre los perjuicios más notorios.
La actual conducción de la UNSa, encabezada por el rector Miguel Nina, saludó la llegada de la auditoría nacional por considerarla una instancia clave para ordenar las cuentas, reforzar los mecanismos de control y redefinir la gestión económica de la universidad en los próximos meses. Cabe señalar que la universidad salteña, en un hecho considerado histórico en cuarenta años, aprobó al cierre del período lectivo 2025 el presupuesto para el año en curso. Alcanza un monto de casi 70 mil millones de pesos, destinados a financiar gastos corrientes y de capital. Las prioridades estratégicas establecidas apuntan al fortalecimiento académico, al sostenimiento y ampliación del bienestar universitario y al impulso a la investigación , el desarrollo tecnológico y la vinculación territorial.
En esas líneas se inscribe el Portal de la Transparencia, un mecanismo contemplado en la ley nacional 27.275 de Acceso a la Información, que obliga a los organismos públicos a poner a disposición información para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de las distintas áreas, la forma en que se administran los recursos públicos, las acciones impulsadas y los resultados alcanzados. En el recinto de Diputados, el rector Nina agradeció el reconocimiento porque constituye un respaldo a una política institucional orientada a fortalecer la calidad de la gestión pública. En ese sentido, señaló que la transparencia no solo implica la implementación de herramientas tecnológicas, sino también la consolidación de principios que promuevan el acceso a la información, el control y la confianza social.
Destacó que en la universidad no solamente se administran recursos, sino especialmente la expectativa de la gente que quiere estudiar y oportunidades de la sociedad.
En una situación de crisis social, con componentes éticos y morales, resulta reconfortante que se cuide un valor como el de la transparencia en el manejo de un organismo público. También es importante que se lo reconozca en el corazón de la política, como es la Cámara de Diputados.
Salta, 08 de abril de 2026
