Agustina Tolaba
La muerte de Tomás Sotero Alancay, el niño de cinco años atropellado en La Merced, continúa generando una fuerte conmoción en la comunidad y, con el correr de las horas, el hecho dejó de ser solo una tragedia vial para convertirse también en un conflicto político de alto impacto.
A más de 24 horas del hecho, el dolor por la pérdida del menor se mezcla con un clima creciente de bronca, angustia e incertidumbre entre los vecinos. La situación se ve agravada por la repercusión pública del caso, la implicancia del entorno del intendente Javier Wayar y la falta de definiciones políticas inmediatas por parte del Ejecutivo municipal.
En las últimas horas, el escenario sumó un elemento aún más delicado: ingresó en la Cámara de Diputados de Salta un pedido de intervención del municipio, que podría ser tratado durante la sesión legislativa prevista para este martes. Si prospera, el Concejo Deliberante sería notificado y Wayar debería dejar su cargo.
En este contexto, la tragedia que terminó con la vida del niño comenzó a poner bajo presión la continuidad política de la actual gestión municipal, en medio de un escenario de creciente tensión y reclamos por respuestas.
