Agustina Tolaba
A 50 años del golpe de Estado de 1976 y a más de dos décadas de la reapertura de las causas, los juicios por delitos de lesa humanidad continúan siendo un pilar central de la democracia argentina. Sin embargo, persisten demoras y obstáculos que frenan el avance de los procesos judiciales, especialmente en la provincia de Salta.
Por Aries, Maira López, integrante de Ciudadana Comunicación, advirtió que actualmente existen 20 juicios en Salta que ya están elevados a instancia oral pero aún no tienen fecha de inicio. “Las causas ya están listas, solamente es necesario que se les dé una fecha. Sin embargo, siguen detenidas en un sistema que no logra hacerlas avanzar”, explicó.
Además, señaló que 123 expedientes continúan en etapa de investigación, lo que evidencia que el proceso judicial no pertenece únicamente al pasado. “No estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente en cuanto al acceso a la justicia”, remarcó.
A nivel local, López destacó que ya se dictaron 32 sentencias con 38 condenados en causas emblemáticas como Palomitas I y II, Ragone I y II, La Veloz del Norte y la megacausa Frontera, que permitieron reconstruir el funcionamiento del terrorismo de Estado en la provincia y juzgar a sus responsables.
En ese marco, subrayó que los juicios también han incorporado nuevos enfoques en la investigación de los delitos, como la violencia sexual sufrida por mujeres durante los secuestros y torturas, un aspecto que durante años permaneció invisibilizado.
A nivel nacional, desde 2006 se dictaron 361 sentencias con 1.231 condenados, en un proceso reconocido internacionalmente. Sin embargo, aún hay causas pendientes: 11 juicios en curso, 282 en investigación y 60 expedientes a la espera de debate oral.
Sin embargo, López advirtió sobre una demora estructural en el sistema judicial. “La pregunta ya no es si hubo justicia en la Argentina, sino si está llegando a tiempo, y lo cierto es que no”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el concepto de “impunidad biológica”, al señalar que muchos de los acusados superan los 70 años y mueren sin ser juzgados.
La referente también vinculó esta situación con decisiones políticas de los últimos años. Recordó que medidas impulsadas a partir de 2015, como el intento de aplicar el beneficio del “2x1” a condenados por delitos de lesa humanidad, generaron un fuerte rechazo social, pero marcaron un contexto que contribuyó a las demoras actuales.
Finalmente, López insistió en la necesidad de una mayor decisión política para avanzar con los juicios. “Hay una necesidad de exigir el avance de estos procesos. Hoy, con un gobierno nacional que consideran negacionista desde algunos sectores, estas demoras estructurales se consolidan”, afirmó.
