Agustina TolabaPor Aries, la abogada Estela Duvidio se refirió al caso sobre el juez federal de Salta, Alejandro Augusto Castellano, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por acoso laboral con contenido sexual, conocido como moobing, tras más de 10 años de procesos judiciales sin resolución efectiva. La denuncia, presentada por la mujer que decidió acudir al sistema internacional ante el retardo y la denegación de justicia, así como por la violencia institucional sufrida durante el proceso. La CIDH aceptó la petición incluso sin exigir el agotamiento de las vías internas, reconociendo que hay situaciones en las que las víctimas no pueden esperar indefinidamente a que el propio sistema que las violentó les dé una respuesta.
Según Duvidio, el objetivo del caso no es únicamente ganar un juicio, sino visibilizar a nivel internacional el contexto de corporativismo y encubrimiento que existe dentro del ámbito judicial. “Hoy mi objetivo es que se visibilice la situación, no solo desde mi caso, sino de muchas personas que trabajan en la Justicia y que sufren estas situaciones de manera sistemática”, explicó la abogada, recordando que los hechos denunciados se remontan a 2007, en un contexto donde la normativa de género y protección contra la violencia laboral era aún incipiente.
La denunciante detalló que fue sometida a un proceso que incluyó acciones laborales, civiles por daños y perjuicios, y tres pericias psiquiátricas y psicológicas que confirmaron la afectación a su integridad y dignidad. Duvidio relató que la humillación incluía descalificación profesional y personal, difusión de aspectos privados como una cirugía estética, amenazas de cesantía y manipulación de inventarios internos, con consecuencias directas en su carrera y su vida familiar.
Durante 12 años, el expediente administrativo interno permaneció abierto sin resolución clara, generando un quiebre de confianza y señalando a la trabajadora como responsable de irregularidades que no le correspondían. “Cuando tuve acceso al inventario, constaté faltantes de drogas, dinero y armas que se me habían achacado injustamente, a pesar de que mis licencias y períodos de maternidad estaban debidamente documentados”, señaló Duvidio, destacando la magnitud del daño sufrido y la necesidad de visibilizar el problema más allá del caso particular.
La mujer también habló sobre su aislamiento dentro del sistema, detalló que “no tenía red, no había nadie a quién recurrir porque ahí hablo de corporativismo. Recurrí a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, pedí un cambio de lugar y también dije que no iba a trabajar ningún expediente que este juez me diera porque él abiertamente había dicho que no me tenía confianza”. La denunciante explicó que su decisión de apartarse de ciertos expedientes fue para protegerse de nuevos abusos, aunque el trauma persiste.
Además, señaló que el corporativismo no solo se limita al Poder Judicial, sino que también permea a gremios que inicialmente habían prometido acompañamiento, pero que terminaron desprotegiéndola frente al juez denunciado.
Para avanzar en la visibilización de la violencia laboral y sexual en la Justicia, Estela y otros trabajadores del país conformaron una comisión independiente llamada “Judiciales por un trabajo libre de violencia y acoso”.
“Hoy puedo dar este paso decisivo porque tenemos una red que está lejos de todo lo que sea partidismo o gremialismo. Esta comisión es totalmente independiente y la conformamos personas que pasamos por situaciones similares”, concluyó la denunciante, destacando que su objetivo final es que estas prácticas se reconozcan y se prevengan, más allá de su caso personal.
