Comunidades de EEUU resisten al avance de los centros de detención de ICE

Así, funcionarios estatales y locales se oponen a una serie de medidas de parte de personal federal, que exploró ciudades y condados de diversas partes de EEUU en busca de lugares para alojar a inmigrantes a la vez que implementan una expansión masiva de u$s45.000 millones financiada por la reciente ley de recortes de impuestos.

La muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE aumentaron la intensa atención sobre la actuación de la agencia como el escrutinio sobre sus planes para nuevos sitios de detención. La propuesta de una instalación del ICE al norte de Richmond, Virginia, atrajo a cientos de personas la semana pasada a una tensa audiencia pública.

“¿Quieren que lo que sucede en Minnesota ocurra en nuestro propio territorio? Si construyen ese centro de detención, eso es lo que sucederá”, sostuvo una ciudadana en cita a AP. En otro caso, cuando se hizo público un posible centro de detención del ICE, los funcionarios electos de Kansas City, Missouri, rápidamente aprobaron una ordenanza destinada a bloquearlo.

Por otro lado, alcaldes de Oklahoma City y Salt Lake City anunciaron la semana pasada que los propietarios no venderán ni alquilarán sus instalaciones para la detención de inmigrantes.

Mientras tanto, las legislaturas de varios estados demócratas siguieron adelante con proyectos de ley que prohíben o desincentivan instalaciones del ICE. Una propuesta novedosa en California busca alejar a las empresas que gestionen instalaciones del ICE mediante un impuesto del 50% sobre sus ganancias.

En poco más de un año, el número de centros de detención aumentó a más del doble, con 225 sitios distribuidos en un total de 48 estados y territorios. La mayor parte de este crecimiento se debió a contratos vigentes con el Servicio de Alguaciles de EEUU (USMS, por sus siglas en inglés) o acuerdos para utilizar camas vacías en las cárceles de los condados.

El gobierno de Trump ahora toma medidas para abrir más instalaciones a gran escala. En enero, el ICE pagó:

• u$s102 millones por un almacén en el condado de Washington, en Maryland;
• u$s84 millones en el condado de Berks, Pensilvania;
• Más de u$s70 millones por uno en Surprise, Arizona;

Los gobiernos estatales y locales pueden negarse a arrendar espacios de detención al ICE, pero no así prohibir que empresas y propietarios privados utilicen sus propiedades para centros federales de detención de inmigrantes, aseguró la profesora asociada de Derecho en la Universidad de Nebraska, Danielle Jefferis, especializada en inmigración y litigios civiles.

Aunque algunos residentes expresaron su preocupación de que un centro del ICE podría agotar los recursos del condado, es poco lo que el condado puede hacer para oponerse, manifestó el presidente de la Junta de Supervisores Sean Davis.

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