Ivana Chañi
Las inundaciones que afectaron en los últimos días a La Caldera y zonas cercanas reactivaron un fuerte reclamo judicial contra el Estado provincial y el municipio. El abogado José Lazarte sostuvo que se trata de un “desastre anunciado” y denunció que las autoridades ignoraron un amparo judicial vigente que ordenaba medidas preventivas.
En Pasaron Cosas, Lazarte recordó que en 2019 se presentó una acción de amparo ambiental que derivó en una sentencia favorable para la comunidad, en la que se condenó tanto a la Provincia de Salta como al municipio de La Caldera a implementar un plan integral de manejo de cuenca.
“El plan existe, fue elaborado por una consultora especializada y define qué se puede hacer y qué no. El problema es que no se ejecuta ni se controla”, afirmó.
Según explicó, la falta de aplicación de ese plan, sumada a loteos sin control, explotación de áridos, desmontes y obras mal planificadas, agravó el impacto de las lluvias y provocó anegamientos, viviendas inundadas y familias aisladas.
Lazarte fue contundente al advertir que la conducta del Estado podría configurar desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público, situaciones que ya fueron denunciadas en el expediente judicial, actualmente en etapa de ejecución de sentencia.
“El Estado no puede limitarse a repartir colchones cuando el agua ya entró a las casas. Acá hubo previsibilidad, hubo una sentencia y hubo incumplimiento”, concluyó.
