Presentan nuevas denuncias contra los cambios en la SIDE

En medio del debate sobre las reformas al sistema de inteligencia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpuso un amparo contra el decreto del gobierno que introduce cambios en la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las capacidades del Estado en esta área sensible.

La presentación del CELS, realizada en el fuero Contencioso Administrativo Federal, busca declarar la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del decreto. Además, solicitó una medida cautelar inmediata para pausar sus efectos.

La organización destacó en la presentación que los cambios introducidos por el gobierno son “ilegales, arbitrarias y desproporcionadas”. Además, cuestionó el mecanismo elegido por el Ejecutivo para implementar estos cambios al sostener que no se demostró una situación de necesidad y urgencia que justifique evitar el debate en el Congreso, especialmente cuando el decreto se emitió justo después del cierre de las sesiones extraordinarias.

El CELS hizo hincapié en la ampliación de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y solicitó la habilitación de la feria judicial, alegando que el caso no admite demoras debido a su gravedad institucional y al riesgo inminente para derechos constitucionales. Además, reservó el caso federal, anticipando una posible revisión por parte de la Corte Suprema.

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Esta demanda no es la primera que recibió la Justicia por los cambios en la SIDE, sino que se suma a la presentada por un grupo de políticos y exfuncionarios, como Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido, entre otros. Los demandantes aseguraron que la normativa excede los límites constitucionales al expandir las atribuciones de los órganos de inteligencia de manera indebida, lo que podría comprometer derechos básicos de los ciudadanos.

La denuncia también reserva el caso federal y anticipa la opción de apelar directamente a la Corte Suprema mediante el per saltum, al calificar el asunto como de “gravedad institucional”.

El expediente recayó en el juzgado de Martín Cormick, quien deberá decidir primero sobre la cautelar solicitada.

Este nuevo amparo se une a otro presentado el día anterior por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Mónica Frade, intensificando el debate sobre las atribuciones del poder ejecutivo en reformas vía DNU. Esta causa quedó a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Alián.

Entre otras, se criticó a la posibilidad de que el personal de inteligencia pueda realizar detenciones. Para los diputados, esa potestad pertenece exclusivamente a las fuerzas policiales y su extensión a la SIDE vulnera el debido proceso y los derechos humanos.

El Gobierno justificó la medida por la sensibilidad de la información y para reducir el riesgo estratégico nacional. Además, aclaró que el decreto autoriza a los agentes de inteligencia a “aprehender” personas en tres casos:

• En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia
• Auxilio o requerimiento judicial y/o
• Comisión de delitos en flagrancia

Las autoridades nacionales explicaron que esta aprehensión tendrá como único objetivo resguardar la seguridad del personal de inteligencia y de la operación. En este caso, no se trata de una medida destinada a poner a la persona a disposición de las fuerzas de Seguridad o de la Justicia, sino una medida de protección para el personal y las operaciones de inteligencia.

No obstante ello, a fin de resguardar los derechos de las personas involucradas, se dará inmediata intervención a las fuerzas de seguridad.

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La reforma del gobierno

El gobierno de Javier Milei argumentó que la reforma busca delimitar competencias con precisión y reducir el tamaño del sistema de inteligencia actual.

En ese sentido, se estableció que la seguridad interna queda bajo el Ministerio de Seguridad; la inteligencia militar en el Estado Mayor Conjunto; y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Además, se planteó que la norma impulsa un proceso de “racionalización y achicamiento” de la estructura, concentrando las capacidades en su función esencial. El comunicado sostiene que “se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, circunscribiéndolo exclusivamente a tareas de contrainteligencia”, con el objetivo de eliminar superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que habrían generado desorden y falta de control.

El decreto publicado en el Boletín Oficial también dispone que todas las actividades de inteligencia pasen a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y para reducir el “riesgo estratégico nacional”.

En ese marco, la contrainteligencia queda “definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, dejando atrás prácticas del pasado vinculadas a persecución política, espionaje doméstico o control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.

Otro punto central es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia —según el Ejecutivo— generaba superposición con los organismos del Estado Mayor Conjunto. Con ese cambio, el Gobierno afirmó que busca un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de defensa.

Además, la reforma crea un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos estatales, “basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y de cada flujo de información”. De acuerdo con el documento oficial, este mecanismo “elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios”.

Con información de TN