Nación presentó en el Senado su visión sobre la nueva Ley de Biocombustibles

En una audiencia ante la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles del Senado, el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, delineó la posición del Gobierno frente al debate legislativo por la nueva ley de biocombustibles. El funcionario defendió una propuesta de consenso que impulsa el Poder Ejecutivo y que busca equilibrar el desarrollo del sector con la estabilidad macroeconómica y fiscal.

“Hace un año que venimos dialogando con cada uno de los actores de la cadena de biocombustibles y hay una gran coincidencia: la ley actual está completamente agotada”, afirmó Veller.

Según explicó, el objetivo es construir una norma “de consenso real, que dé certidumbre y marque un camino de evolución para la industria”, tras dos décadas de funcionamiento del régimen vigente.
Críticas al proyecto de la Liga Bioenergética

El subsecretario se refirió a los proyectos alternativos que impulsan la Liga Bioenergética, la UIA y varias provincias productoras, que proponen aumentar los cortes obligatorios y aplicar precios de referencia en base a la paridad de importación. “ A nuestro criterio, esos proyectos no tienen suficiente consenso: hay oposiciones sectoriales y personales”, sostuvo Veller.

Según los cálculos oficiales, llevar el corte del biodiésel al 18%, como plantea la Liga Bioenergética, implicaría “un incremento inmediato del 10% en el precio del surtidor”, con un impacto directo en la logística, el transporte y los costos industriales. “En esas condiciones, el biocombustible sería hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil”, detalló el funcionario.

Veller también advirtió sobre el costo fiscal de las propuestas: “Por cada punto porcentual adicional en el corte, el impacto en la recaudación asciende a 55 millones de dólares anuales para el biodiésel y 9 millones para el bioetanol”. Según estimaciones del Ejecutivo, en un horizonte de cinco años, la propuesta de mayores cortes “supondría un impacto superior a los 4.000 millones de dólares en las cuentas públicas”.

La propuesta del Ejecutivo: previsibilidad y transición gradual

El proyecto del Gobierno propone una transición paulatina hasta 2032, con un aumento moderado de los cortes y un proceso de apertura gradual hacia un mercado más libre y competitivo. De acuerdo con lo expuesto por Veller, los nuevos niveles de corte quedarían establecidos para 2027, con un incremento del etanol del 12% al 15%, y del biodiésel del 7,5% al 10%.

“La piedra angular de esta administración es el equilibrio fiscal, y por eso creemos que 2027 es un buen momento para asumir los impactos del incremento”, remarcó. En ese marco, el funcionario explicó que los actuales cupos de producción se irán reduciendo progresivamente hasta su eliminación definitiva en 2032, cuando se espera “alcanzar un mercado más libre de comercialización”.

Entre los cambios más relevantes, el Ejecutivo propone que los precios se definan mediante licitaciones públicas, realizadas por un organismo independiente, con un precio máximo equivalente a la paridad de importación. “Ya no va a haber un funcionario que determine cuál es el precio. El mercado, con transparencia, encontrará el equilibrio entre paridad de importación y exportación”, afirmó.

Además, el esquema prevé que a partir de 2027 se permita el coprocesamiento de materia prima no fósil en refinerías, con un crecimiento gradual hasta alcanzar el 3% en 2031. También se incorpora la posibilidad de que las provincias puedan aplicar cortes voluntarios mayores por razones estratégicas o de desarrollo regional.

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Biocombustibles: resumen del proyecto de ley del Gobierno

Enfoque: liberalización gradual del mercado, menor intervención estatal y estímulo a la competencia.

Cortes propuestos:

• Biodiésel: 7,5 % actual, sube al 10 % en 2027.
• Bioetanol: 12 % actual, sube al 15 % en 2027.
• Objetivo: transición hacia un mercado libre de biocombustibles para 2032, con eliminación progresiva de cupos.
• Determinación de precios: mediante licitaciones públicas realizadas por una entidad independiente, con tope en la paridad de importación.
• Definición ampliada: incluye biocombustibles avanzados y sintéticos (derivados de CO, agua u otras fuentes renovables).
• Sanciones: multas equivalentes a hasta 4,5 millones de litros de nafta súper por infracciones graves.
• Razonamiento fiscal: busca mantener equilibrio macroeconómico, evitar aumentos de precios y reducir subsidios.
• Meta final: fomentar un esquema de competencia, eficiencia e innovación con menor carga regulatoria.

Biocombustibles: proyecto de ley de la Liga Bioenergética (UIA + provincias productoras)

Enfoque: protección industrial, desarrollo regional y defensa de la producción nacional.

Cortes propuestos:

• Biodiésel: aumento gradual hasta el 15 % en dos años.
• Bioetanol: incremento hasta el 15 % en el mismo plazo.
• Plazo de vigencia: 18 años de estabilidad normativa.
• Producción nacional: el biocombustible y las materias primas deben ser 100 % de origen argentino.
• Determinación de precios: licitaciones abiertas, pero con preferencia para empresas locales.
• Mercado libre: permite superar los porcentajes mínimos de corte, pero mantiene un marco regulado.
• Objetivo: promover empleo, valor agregado y sustitución de importaciones dentro de un esquema federal.
• Críticas del Ejecutivo: riesgo de encarecer el precio del combustible (hasta 10 %) y generar un impacto fiscal estimado en u$s4.000 millones en cinco años.

Una mirada de equilibrio y futuro

Durante su intervención, Veller insistió en que el nuevo marco regulatorio busca “garantizar certidumbre, eficiencia y nuevas inversiones en la cadena de valor”.

Y concluyó: “Estamos ante una oportunidad importante para encontrar un equilibrio entre desarrollo industrial, sustentabilidad y responsabilidad fiscal. Los invito a todos los actores a seguir trabajando en una ley que refleje las diferentes miradas, pero que permita construir futuro”.

El proyecto oficial, en línea con el texto de la Liga Bioenergética, retoma conceptos como las licitaciones públicas y la promoción de combustibles renovables, aunque con una implementación más gradual y anclada en el equilibrio fiscal.

En la visión del Gobierno, la industria de los biocombustibles debe dar un salto de competitividad, pasar de un esquema regulado a uno abierto, y hacerlo “sin desestabilizar los precios, ni las cuentas públicas, ni las inversiones existentes”.

Con información de Ámbito