Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río Vaqueros

El fiscal federal Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal Salta, se pronunció en contra del pedido de la Dirección de Vialidad Nacional para que se declare abstracto el recurso de amparo interpuesto por la asociación civil de Usuarios y Consumidores Unidos por las obras viales en el puente sobre el río Vaqueros.

Lo hizo a través de un reciente dictamen, en el que analizó todos los aspectos suscitados en torno al recurso de amparo presentado el 5 de marzo pasado en razón de la paralización de la obra vial identificada como “Proyecto y ejecución de la obra ruta nacional N°9, sección i: rotonda avenida Bolivia - puente río Wierna”, localizada en los departamentos Capital y La Caldera”.

Una vez licitada, las obras, que incluían una rotonda a la altura del río Vaqueros, tenían un costo de financiación de 1.400.000 pesos, se paralizaron en agosto de 2022, lo que generó un gran perjuicio, en particular a más de 12 mil vecinos de esa localidad.

A los días de interpuesto el amparo, el 11 de marzo, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, a instancia del fiscal Toranzos -quien postuló que el planteo siga su curso en la competencia federal- quedó a cargo del trámite del amparo.

Posteriormente, la fiscalía solicitó varios informes y otras diligencias, a fin de determinar las causas de la paralización de las obras, circunstancias en que el organismo nacional mantuvo su postura de financiar la obra, lo que finalmente se reactivó en abril pasado, a partir de la intervención del gobierno provincial mediante un convenio, por medio del cual la Dirección de Vialidad de Salta tomó intervención en el proyecto.

Ante ello, y dado que el organismo nacional había pedido el rechazo del amparo por considerar abstracto el reclamo, pues las obras se habían reactivado en abril pasado, la asociación UCU solicitó que no se tenga en cuenta tal pedido y que el recurso, que alcanzó categoría de amparo colectivo, se mantenga activo, ya que se había interpuesto con el objetivo de garantizar la finalización de las obras.

La fiscalía, por su parte, acompañó este argumento, a la vez, que resaltó que tampoco existen informes claros que determinen que se hayan cancelado pagos, además de otros reportes que detallen el avance de las obras.