La iniciativa fue girada por el Poder Ejecutivo y tuvo un trámite rápido, como ocurre con todos los proyectos que eleva el gobernador Gustavo Sáenz. En la Cámara de Diputados sólo mereció un debate deslucido pese a que remover cualquier aspecto vinculado a la empresa forestal enerva a muchos sectores.
En la Cámara de Senadores se prestó mayor atención y se repasaron distintos tramos de una concesión de la década del 90, cuya efectividad y beneficios siguen tapados por un manto de dudas, en el mejor de los casos. Legisladores de ese cuerpo se trasladaron al Departamento de Anta para dialogar con los puesteros, potenciales beneficiarios de esta norma. La consulta se trasladó luego a las autoridades de Salta Forestal Sociedad Anónima y finalmente fueron representantes de la Auditoría General de la Provincia y el presidente de la Comisión Parlamentaria que tiempo atrás investigó la temática, los que hicieron su aporte. La cosecha de datos fue sustanciosa, se confirmaron algunos ribetes opacos de esa concesión y los senadores pudieron tener un panorama bastante ajustado de la situación.
Con ese bagaje, la Cámara alta dio sanción a una ley que -en principio- apunta a dar solución a un problema consuetudinario en materia de tenencia de tierras, que se expresa en la ocupación precaria que se traslada de generación en generación; de eso se dejó constancia en el tratamiento de esta ley. Salta Forestal S.A. fue creada en 1974 como una sociedad mixta entre la Provincia de Salta y Fabricaciones Militares.
En 1998, el Gobierno de la Provincia adjudicó por decreto a Eco Desarrollo de Salta S.A. un total de 158.478 hectáreas de los inmuebles de Salta Forestal S.A. y se estableció el pago de un canon a la Provincia a partir de 2018, es decir, el año 20 de la concesión. A casi tres décadas de esa concesión, hubo cambios sustanciales, como el acuerdo alcanzado en 2017 para resolver algunos pleitos y que permitió que se recuperen más de 80 mil hectáreas. Actualmente, unas 110 familias de puesteros habitan la zona, desarrollando una economía de sobrevivencia. Se estima que algunos de estos pobladores viven en el lugar desde hace más de 50 o incluso 100 años. Unas 200 mil hectáreas, en tanto, son explotadas por dos grupos privados: Cresud S.A. y Anta del Plata, que anualmente aportan unos 4 millones de dólares anuales en concepto de canon.
La ley sancionada no resuelve ninguna de las cuestiones ríspidas de la concesión de la mayor extensión. Se remite solamente a dos cuestiones, tal como indica el Artículo Primero, que señala que la ley tiene por objeto consolidar la situación dominial de los ocupantes de predios pertenecientes a la empresa Salta Forestal S.A. y renegociar los contratos de concesión efectuados por dicha empresa.
“Atiende a un propósito social”, señaló el miembro informante y la misma consigna repitió la senadora del departamento donde está radicada esta empresa. La intervención de Alejandra Navarro dejó en claro que el voto positivo ampliamente mayoritario sólo atendió a la necesidad de resolver la cuestión de títulos que afecta a esos pobladores pero nada dice sobre las reales posibilidades de mejorar su calidad de vida.
Ni el bienestar de la población ni el cuidado ambiental, ni siquiera el rédito de la explotación de un recurso natural muy apreciado, se resuelven con esta ley. Tampoco corrige incumplimientos y desviaciones de los contratos firmados en la década privatizadora y que fueron marcados por el organismo de control público.
Puede ser un nuevo error, como se advirtió en la fundamentación de los votos negativos a esta ley. Por ahora es una buena intención.
Salta, 01 de agosto de 2025
