Cierra una semana difícil para el Ejecutivo Provincial. La situación de la obra social ensombreció todas las actividades que promocionó el aparato de difusión que tiene ese poder, dando muestra de su gravedad, que ha motivado la intervención judicial.
Opinión30/05/2025
No hay datos precisos sobre el problema que afecta al Instituto Provincial de la Salud, actualmente intervenido a raíz de los cortes de servicios de los prestadores. Tal medida, tomada en febrero pasado, permitió saber que el IPSS estaba afectado por una deuda de 25 mil millones de pesos. De allí en más fue armándose un rompecabezas con referencias dadas, incluso por el propio gobernador Gustavo Sáenz, quien responsabilizó en líneas generales de ese pasivo al déficit que genera el alto costo de los medicamentos. También reconoció algunas irregularidades como sobrefacturaciones, prácticas innecesarias y uso indebido del carnet de afiliados.
En menos de 100 días, la medida administrativa de la intervención devino en un verdadero escándalo, cuando se conoció la intención del gobierno de restringir las autorizaciones solo a recetas de genéricos y suspender el ingreso de jubilados al padrón de afiliados. La decisión estaba contenida en un proyecto de ley que la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar -como suele hacer con toda iniciativa del Ejecutivo- y que el mandatario dispuso retirar, frente a la resistencia planteada por amplias franjas de afiliados forzosos. El último acto relevante fue la decisión de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de iniciar una investigación de oficio.
El oficialismo salió a proteger la figura del Gobernador de la Provincia. Sin embargo, también trató de salvar sus propias responsabilidades, esfuerzo infructuoso si se tiene en cuenta la ley que rige la vida del IPSS.
Sancionada el 04 de enero de 2001, fue promulgada con el número 7127. En el Título VI, el artículo 28, señala que el control interno será ejercido por la Sindicatura General de la Provincia, mientras que el control externo estará a cargo de la Auditoría General de la Provincia, con arreglo a lo establecido en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia y en la Ley N° 7.103, que ordena el sistema de control público. Ello significa que pocos resortes de la administración quedan fuera de la responsabilidad de lo que está ocurriendo con la obra social más importante de Salta, con casi 70 mil afiliados forzosos y más de 250 mil beneficiarios.
La norma que crea el IPSS, por otra parte, es muy clara sobre las responsabilidades que internamente tiene cada estamento que integra su conducción, que la ley establece que está en manos de un directorio, que encabeza un presidente. Además, contempla la figura de un Director Ejecutivo, con amplias facultades de ejecución y control ya que es el que, por ejemplo, autoriza el movimiento de fondos y determina la apertura de cualquier cuenta bancaria, estableciendo respecto a ellas el régimen de firmas. Además, ejerce el control de todos los servicios técnicos, administrativos, contables, económicos y financieros, incluido todo movimiento de fondos, ordenando las auditorías, investigaciones, sumarios y procedimientos que estime convenientes. Su función se completa con la obligación de presentar para la consideración del Directorio, toda la información sobre la situación patrimonial, financiera y presupuestaria del organismo.
Frente a la debacle, no pocas voces se escucharon demandando mayor control. Los legisladores, obligados a analizar cada año la Cuenta General del Ejercicio del año anterior, no pueden eludir la responsabilidad de no haber advertido la pérdida del equilibrio fiscal del IPSS y la determinación de las razones. Tampoco el Ejecutivo, a través de las carteras vinculadas a la obra social.
También han sonado las alarmas para que los prestadores que actúan con honestidad y los afiliados que sostienen con el pago de cuotas a la obra social, exijan información y acción para que quede en claro quienes están arruinando un sistema que es imprescindible en la atención de la salud.
Salta, 30 de mayo de 2025
En medio de la puja por recursos entre los gobernadores y el presidente Javier Milei, surgen otras diferencias frente a las propuestas de la administración. En Salta las exhibió el Ministro de Salud respecto de la importación de medicamentos sin control de ANMAT.
El sistema institucional se pone a prueba con el caso de Pablo Emanuel López, hasta hace una semana atrás docente, concejal y libertario. Con un proceso electoral que excluye cualquier pretensión electoral que no caiga en la confrontación del oficialismo nacional con el kirchnerismo, muchos se sintieron habilitados para arrojar la primera piedra.
La semana pasada distintas expresiones partidarias y sociales manifestamos la firme decisión de construir un frente común que trascienda las banderas partidarias y se enfoque en la defensa de derechos esenciales, la inclusión y la participación democrática.
Con la convicción de que “es ahora”, se trabaja en el armado de un frente que exprese la unidad de fuerzas vivas en la provincia. A un mes de formalizar la presentación de alianzas para la renovación parlamentaria de octubre, el propósito es constituir un movimiento opositor al gobierno de la Libertad Avanza.
La dinámica política argentina no deja afuera a la educación. A tres años de haber sido planteada como una solución a los problemas que la pandemia mostró con crudeza -y agravó por decisiones erróneas-, la quinta hora desapareció de las escuelas en las que había sido implementada. En Salta ya se dispuso que no se insistirá en su aplicación.
La democracia argentina atraviesa por estos días una nueva tensión. No es la primera vez que ocurre, pero sí es preocupante la manera en que se presentan las diferencias entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias.
El periodista Lenildo Frazão cubría la desaparición de Raíssa, de 13 años, cuando tropezó accidentalmente con su cuerpo sumergido. La autopsia confirmó ahogamiento accidental.
Miles de toneladas de algas cubren playas turísticas, afectando la actividad económica y obligando a desplegar operativos masivos para su limpieza.
El ministro de Salud de Salta rechazó la importación de medicamentos sin control de ANMAT y cuestionó el modelo que defiende el Gobierno nacional. “La salud pública no es comprar papas”, disparó.
A partir del 24 de julio todos los trámites referentes al servicio impropio de la ciudad capital, deberán realizarse en la Municipalidad de la Ciudad de Salta.
A pocos meses de las elecciones legislativas, el Poder Ejecutivo muestra su peor cara con la interna entre el Presidente y su vice: quién mide mejor y qué le reprochan los votantes a Milei.