No hay datos precisos sobre el problema que afecta al Instituto Provincial de la Salud, actualmente intervenido a raíz de los cortes de servicios de los prestadores. Tal medida, tomada en febrero pasado, permitió saber que el IPSS estaba afectado por una deuda de 25 mil millones de pesos. De allí en más fue armándose un rompecabezas con referencias dadas, incluso por el propio gobernador Gustavo Sáenz, quien responsabilizó en líneas generales de ese pasivo al déficit que genera el alto costo de los medicamentos. También reconoció algunas irregularidades como sobrefacturaciones, prácticas innecesarias y uso indebido del carnet de afiliados.
En menos de 100 días, la medida administrativa de la intervención devino en un verdadero escándalo, cuando se conoció la intención del gobierno de restringir las autorizaciones solo a recetas de genéricos y suspender el ingreso de jubilados al padrón de afiliados. La decisión estaba contenida en un proyecto de ley que la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar -como suele hacer con toda iniciativa del Ejecutivo- y que el mandatario dispuso retirar, frente a la resistencia planteada por amplias franjas de afiliados forzosos. El último acto relevante fue la decisión de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de iniciar una investigación de oficio.
El oficialismo salió a proteger la figura del Gobernador de la Provincia. Sin embargo, también trató de salvar sus propias responsabilidades, esfuerzo infructuoso si se tiene en cuenta la ley que rige la vida del IPSS.
Sancionada el 04 de enero de 2001, fue promulgada con el número 7127. En el Título VI, el artículo 28, señala que el control interno será ejercido por la Sindicatura General de la Provincia, mientras que el control externo estará a cargo de la Auditoría General de la Provincia, con arreglo a lo establecido en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia y en la Ley N° 7.103, que ordena el sistema de control público. Ello significa que pocos resortes de la administración quedan fuera de la responsabilidad de lo que está ocurriendo con la obra social más importante de Salta, con casi 70 mil afiliados forzosos y más de 250 mil beneficiarios.
La norma que crea el IPSS, por otra parte, es muy clara sobre las responsabilidades que internamente tiene cada estamento que integra su conducción, que la ley establece que está en manos de un directorio, que encabeza un presidente. Además, contempla la figura de un Director Ejecutivo, con amplias facultades de ejecución y control ya que es el que, por ejemplo, autoriza el movimiento de fondos y determina la apertura de cualquier cuenta bancaria, estableciendo respecto a ellas el régimen de firmas. Además, ejerce el control de todos los servicios técnicos, administrativos, contables, económicos y financieros, incluido todo movimiento de fondos, ordenando las auditorías, investigaciones, sumarios y procedimientos que estime convenientes. Su función se completa con la obligación de presentar para la consideración del Directorio, toda la información sobre la situación patrimonial, financiera y presupuestaria del organismo.
Frente a la debacle, no pocas voces se escucharon demandando mayor control. Los legisladores, obligados a analizar cada año la Cuenta General del Ejercicio del año anterior, no pueden eludir la responsabilidad de no haber advertido la pérdida del equilibrio fiscal del IPSS y la determinación de las razones. Tampoco el Ejecutivo, a través de las carteras vinculadas a la obra social.
También han sonado las alarmas para que los prestadores que actúan con honestidad y los afiliados que sostienen con el pago de cuotas a la obra social, exijan información y acción para que quede en claro quienes están arruinando un sistema que es imprescindible en la atención de la salud.
Salta, 30 de mayo de 2025
