Recrudece el lobby para que Petri de marcha atrás con la baja de 23 represores

En enero pasado, Luis Petri sorprendió a propios y extraños al dar de baja a 23 integrantes del Ejército que tenían condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Uno de los que fueron echados de las filas castrenses fue Horacio Losito, homenajeado la semana pasada en el Senado por funcionarios que responden a Victoria Villarruel. En las últimas horas, la Unión de Promociones (UP) le mandó una carta al ministro de Defensa para que dé marcha atrás con su decisión y le pidió que haga lo posible para que se terminen los juicios. En su cruzada, la UP encontró una aliada: la exnúmero dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico.

“Sentimiento de decepción”. Ese fue el objeto de la nota que llegó a manos del ministro. ¿Por qué estaba decepcionada la familia militar? Porque en el Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel había escuchado declaraciones que decían que no eran 30000 los desaparecidos o que “todos los montoneros” debían estar presos. Y no habían podido más que ilusionarse.

“Con la renovación de las autoridades empezaron a escucharse declaraciones que parecían indicar un giro hacia la verdad histórica completa y hacia una justicia ecuánime”, escribieron. “Sin embargo, la reciente resolución 72/2025 del Ministerio de Defensa, que dispone la destitución y baja de una lista de 23 militares retirados privándolos de sus derechos previsionales y desafiliándolos de la obra social, ha generado desconcierto y honda preocupación”, continuaron. “Es así que se observa el desvanecimiento paulatino de aquellas expectativas de una profunda y definitiva transformación”, remarcaron.

No es la primera vez que el Ministerio de Defensa ordena bajas de condenados por delitos de lesa humanidad, solo que la familia militar no esperaba que sucediera durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA). La decisión de Petri desató un tembladeral por el enojo que provocó en otros referentes de la “memoria completa”. En ese momento, el Ministerio de Defensa salió a explicar que había decidido la exoneración por un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Pero los ánimos no se calmaron. En febrero, Petri echó a Lucas Miles Erbes, un abogado que venía de trabajar en la Embajada de los Estados Unidos y había quedado a cargo de la dirección de derechos humanos y derecho internacional humanitario de Defensa. El puesto que dejó vacante Erbes sigue sin ocuparse.

La polémica resurgió el lunes de la semana pasada, cuando Losito fue invitado a exponer en el Senado. El periodista Nicolás Kasanzew, a cargo de la dirección Gesta de Malvinas de la Cámara alta, hizo una encendida defensa del represor –que tiene tres condenas en su haber y está en libertad condicional– y apuntó contra el “tinterillo” que había ordenado su baja del Ejército.

Esta semana, se conoció la nota de la UP en la que le reclaman a Petri no solo rever la resolución adoptada sino también “analizar las posibles vías de solución para que cesen estos irregulares procesos judiciales”. No es la primera vez que la UP reclama esto: su capítulo mendocino fue el primero en hacer llegar el pedido a Milei después de que se impusiera en el balotaje.

La UP se creó el 29 de mayo de 2005 como una reacción a la reapertura de las investigaciones por crímenes de la dictadura. Su máximo referente, Guillermo Viola, está en prisión domiciliaria por la masacre de la calle Corro, donde murieron cinco militantes montoneros –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh. La UP también gestionó la visita que en marzo del año pasado hicieron a la Unidad 34 de Campo de Mayo los diputados oficialistas Beltrán Benedit y Alida Ferreyra Ugalde.

El mensaje de la UP fue difundido en sus redes sociales por María Eugenia Talerico, que dijo que en los juicios por crímenes de lesa humanidad se “han visto trastocados principios jurídicos fundamentales”. Se quejó por la no aplicación del beneficio del 2x1 y porque supuestamente se deniega la prisión domiciliaria. Los datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) la desmienten. Según la unidad fiscal, hay 615 detenidos por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. De ellos, 498 están en arresto domiciliario.

De todos modos, Talerico insistió desde X: “Esta situación merece ser reparada”. No es la primera vez que la letrada –que integra la agrupación Será Justicia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y que se referencia en Ricardo López Murphy– despotrica contra los juicios de lesa humanidad.

En febrero, después de las bajas ordenadas por Petri, Talerico publicó una columna en Clarín. “En la actualidad, se ha dispuesto la ejecución de condenas firmes impuestas en estos procesos, que afectan incluso a héroes de la Gesta de Malvinas (con cargos menores y poca edad durante el Gobierno Militar) y privan de sus derechos previsionales a sus familias”, protestó en lo que podía leerse como una alusión hacia la situación de Losito.

Según Talerico, los juicios deben terminar para que los tribunales federales puedan encargarse de combatir el narcotráfico y la corrupción. “Los detenidos deben ser enviados a prisión domiciliaria”, también propuso. Para ella, todo se solucionaría si quedara funcionando una Procuraduría fiscal que se encargue de averiguar la verdad sobre los bebés robados durante la dictadura y que lleve adelante “juicios no punitivos” –es decir, una reversión de los juicios por la verdad a menor escala. “Debemos ser capaces de dejar atrás esta tragedia como un paso imprescindible hacia la concordia política, la pacificación social y la eficiencia de la justicia penal”.

Talerico fue la número dos de la UIF de Mauricio Macri detrás de Mariano Federici. Tan pronto como asumieron, resolvieron que la UIF ya no investigaría el lavado de activos vinculados a los crímenes de la dictadura porque, para ellos, eso no podía caracterizarse como “terrorismo”. Con esa decisión, por ejemplo, se abandonó la investigación sobre el robo de bienes que sufrieron quienes estuvieron secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Parte de esa trama espera ser ventilada en un juicio oral. 

Página12