El Estado desconoció su responsabilidad por la represión del 2001

El Estado argentino borra con el codo lo que escribe con la mano. Ante representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos argentino, Alberto Baños, retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001 que había asumido en 2024, con el argumento de que no era La Libertad Avanza quien gobernaba. El Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó al organismo internacional que determine la responsabilidad del Estado argentino sobre aquellas muertes, que significaron violaciones a los derechos humanos, pero también que le pida al Gobierno reformas a la legislación sobre la protesta social y que regule el uso de la fuerza en contextos de manifestaciones. "Espero que nadie más tenga que sufrir lo que nosotros sufrimos. Que nadie que exprese su descontento reciba un balazo en el pecho”, testimonió la familiar de una de las víctimas de aquella represión letal que asesinó a 39 personas en todo el país.

“La represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue un ataque a la democracia”, concluyó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que representa ante la justicia local y organismos internacionales a las familias de algunas de las personas asesinadas durante la respuesta que el Estado argentino, en manos del gobierno de Fernando De la Rúa, impuso mientras le exigían en las calles que renuncie. El lunes, en el marco de una audiencia por el caso, insistió ante la CIDH en que, a pesar de que pasaron casi 25 años, el tema es actual: “El derecho a la protesta no puede ser tratado como un problema de seguridad del Estado. Desde diciembre de 2023 el gobierno busca restringir el derecho a manifestarse”, señalaron desde el organismo a través del comunicado posterior a la audiencia.

En primer lugar, los comisionados interamericanos oyeron a María Arena y Karina Lamagna, familiares de víctimas de la respuesta criminal a la pueblada que significó el fin del gobierno de la Alianza, peticionarias junto al CELS ante la CIDH sobre la falta de respuesta de parte del Estado argentino ante los crímenes cometidos durante el 19 y 20 de 2001.

"La forma de reprimir fue completamente desproporcionada porque del otro lado había sólo manifestantes desarmados que estaban protestando. Las balas de la policía hirieron y mataron. Hicieron lo que les permitieron", declaró Arena, quien recalcó ante los comisionades: "No me quiero quedar con la sensación de que la justicia es injusta. Quiero que mis hijos puedan saber quién mató a su papá".

"Espero que nadie más tenga que sufrir lo que nosotros sufrimos. Que nadie que exprese su descontento reciba un balazo en el pecho. Que la justicia tenga plazos justos. Que mi sobrina tenga una vida digna. Me llevó la mitad de mi vida todo esto", completó Lamagna.

El caso se presentó en 2021, cuando las instancias judiciales locales habían quedado agotadas. En 2016, el Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, funcionarios del gobierno de De la Rúa, a 4 y 3 años de cárcel respectivamente por el asesinato de Riva, Lamagna y otras tres personas que fueron asesinadas por balas policiales aquellos días. También hubo condenas para policías federales. Recién en septiembre pasado, esas condenas quedaron firmes. En enero pasado falleció Santos. De la Rúa, quien ordenó el Estado de Sitio que posibilitó la represión feroz.

“El caso no se limitó a las discusiones judiciales. La petición fue porque el Estado argentino no había reparado de manera integral a las víctimas y sus familiares, por lo que considerábamos que el estado es responsable ante el sistema internacional”, explicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS y quien estuvo a cargo del alegato ante la CIDH. Además de la falta de justicia y reparación, para el organismo el Estado argentino es responsable de otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquella represión feroz, como el derecho a la vida y a la integridad personal por el uso desmedido de la fuerza, el derecho a la libertad personal por las detenciones arbitrarias sin fundamentos legales, el derecho a la protesta, entre otros.

A fines de noviembre de 2023, a través de un allanamiento por escrito, el Estado argentino, aún con Alberto Fernández en la presidencia, reconoció su responsabilidad por lo planteado en este caso. En la audiencia del lunes, el gobierno argentino planteó que retirará ese allanamiento. Según Baños, hubo “mala fe” en la gestión anterior al presentar ese reconocimiento. Tal como lo hicieron en la audiencia vinculada a la ley de protección de personas refugiadas, Baños señaló los vínculos de exfuncionarias de la Secretaría de Derechos Humanos con el CELS. En tanto, no respondieron a la pregunta que le realizó la parte peticionaria sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001.

Por último, el CELS solicitó a la CIDH que reconozca la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas en diciembre de 2001, que reforme su legislación sobre protesta social y derogue normativas que criminalizan las manifestaciones, que regule el uso de la fuerza en contextos de protesta, y se prohíba el uso de armas letales. También que cree organismos de control externo para la actuación policial y establezca protocolos de preservación de pruebas en operativos de represión; que capacite a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza y que adopte medidas de reparación simbólica y material para las víctimas y sus familias.

Página12