La Casa Rosada echó al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y busca reemplazo

Javier Milei echó al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. El funcionario cayó en desgracia en Balcarce 50 porque su dependencia emitió un dictamen que -según dicen en la sede de gobierno- no defendió a la gestión como se esperaba en un caso planteado por una empleada pública a la que dejaron de pagarle un incentivo salarial. Además cerca del Presidente apuntaron que el Procurador pasó buena parte del 2024 en Punta del Este. En la Casa Rosada, finalmente, le soltaron la mano.

En la sede de gobierno no perdonan a los funcionarios que no trabajan 100% alineados con las directivas y los intereses de la cúpula libertaria. “El Presidente decidió pedirle la renuncia. El último dictamen de la Procuración del Tesoro y el hecho de que él pasara casi el 40% del año fuera del país fue determinante”, dijeron cerca del jefe de Estado.

La decisón se terminó de tomar por la tarde, pasadas las 17.30. Antes en el Gobierno decían que primero se esperaría a que el lunes Barra visitara la Casa Rosada y mantuviera una reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo. El Presidente confía todo el manejo del área judicial en su asesor todoterreno que viene haciendo cambios para asegurarse una tropa alineada. Sin embargo, no lo esperaron. Y Milei echó a Barra antes de regresar a Buenos Aires.

Barra es un jurista de larga trayectoria que fue un ícono de los 90: fue funcionario del gobierno de Carlos Menem y juez de la Corte Suprema durante el menemismo. Incorporado a la gestión libertaria como un funcionario de peso, finalmente no cultivó una relación directa con Milei. Probablemente su mayor problema haya sido que se quedó sin un jefe político en el Gobierno. Barra había recalado en el Gobierno recomendado por los equipos de Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete que Milei echó en malos términos.

Desde hace tiempo que la cúpula libertaria miraba cruzado a Barra porque consideraba que “operaba” en contra de los intereses del Gobierno. Para reemplazarlo, en las últimas horas sonó el nombre de Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad.

Y hay otros dos nombres en danza: Carlos Laplacette (que se desempeñó en el estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal) y Santiago Castro Videla (abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados).

Críticas a Barra

El malestar de las últimas horas con Barra obedeció a un dictamen firmado anteayer por la Procuración del Tesoro en el caso de un reclamo de una empleada pública que presentó una impugnación porque el Poder Ejecutivo le quitó un incentivo salarial. El dictamen, si bien justifica el accionar del Gobierno, no es conclusivo y menciona el carácter remunerativo de los incentivos incorporados al sueldo. La cuestión del empleo público es sensible en el Gobierno, por la cantidad de despidos y los potenciarles planteos en el fuero laboral.

En Balcarce 50 agregan otro motivo para poner en duda la continuidad del funcionario, cuya misión es actuar como abogado en los juicios contra el Estado: aseguran que no estuvo comprometido porque pasó buena parte del primer año de gestión en el exterior del país y apuntan a sus viajes a Punta del Este, que sumarían más de 20 en 2024. Quienes conocen a Barra advierten que el funcionario tendría domicilio en Uruguay y que su esposa estaría radicada allá.

En una trama parecida, la semana pasada fue desplazado el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, por no “ordenarse” con la instrucción de no querellar en causas de corrupción. A Yacobucci le habían endilgado onerosos viajes con fondos públicos que él no reconoció.

Qué pasó

El dictamen de la Procuración del Tesoro que generó fastidio a la Casa Rosada no fue firmado por Barra sino por su segundo, Marcos Serrano, y se vincula al caso de una empleada del Ministerio de Justicia. En esa cartera, por un convenio de los registros del automotor, desde hace décadas se triangulaba la contratación de 2500 empleados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Los empleados encuadrados en ese convenio cobraban un “incentivo” o “premio estímulo” incorporado en su recibo de sueldo.

El Gobierno despidió a muchos empleados encuadrados en Acara. Otros accedieron a un retiro voluntario y hubo un grupo que fue incorporado a la planta del Ministerio de Justicia como personal contratado. La gestión nacional les reconoció el incentivo como un ítem remunerativo en el pasado (en caso de tener que pagar una indemnización), pero no quiso seguir pagándolo a partir de la incorporación a la planta ministerial.

Muchos agentes aceptaron la reducción de su salario con tal de preservar su lugar de trabajo. Pero una empleada pidió la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia por el cese del pago del incentivo. “Es una violación a la intangibilidad de mi salario y me causa un grave perjuicio material y moral en tanto reduce en un 50% mi salario”, denunció la trabajadora.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, le pidió a la Procuración del Tesoro que se expida respecto de este caso. El dictamen de la Procuración del Tesoro no es conclusivo y de hecho el organismo se pronunció en carácter de “colaboración” en el caso. Quienes defienden a Barra dicen que el pronunciamiento que le reprochan ni siquiera fue en contra del Gobierno.

Qué dice el dictamen

El dictamen que desencadenó la crisis fue firmado anteayer por el subprocurador Serrano. El Ministerio de Justicia, comandado por Mariano Cúneo Libarona, le pidió intervención a la Procuración de Tesoro para que se manifestara sobre el reclamo de una agente empleada del ministerio. Pero el organismo no dictaminó, sino que se limitó a hacer una serie de “consideraciones a título de colaboración” que no fueron conclusivas.

Por un lado, Serrano defendió la resolución firmada por Cúneo Libarona que cuestionaba la agente y destacó que se había “desnaturalizando por completo” el sistema de pagos a través de Acara. Sostuvo además que la empleada, “a pesar de haber percibido el incentivo por parte del ente Acara durante 2024, no acreditó la realización de cursos” que eran obligatorios para cobrar lo que cobraba.

“La autoridad administrativa decidió corregir lo que consideró una situación de indebido privilegio y desigualdad, para reestablecer, a partir de ello, la juridicidad afectada”, dijo el subprocurador.

Lo que aparentemente molestó más a la Casa Rosada fue que el suprocurador aludió al carácter remunerativo del ingreso que reclama la agente. Serrano afirmó: “Todo lo anterior, no implica desatender la jurisprudencia de la Corte Suprema que la propia Resolución N.º 376/24 (firmada por Cúneo Libarona) recoge al mencionar el reconocimiento del carácter remunerativo del incentivo abonado por entes cooperadores”.

El documento, además, advierte que resta que intervenga la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia para resolver cómo se cumplirá la resolución que pone fin a las contrataciones vía Acara. Es decir, sostiene que hay un trámite pendiente de parte del Poder Ejecutivo.

La Nación